Ramón H. Potosme
Por otra parte, el parlamento ayer rezó un Padre Nuestro e hizo una oración por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, previo a una declaración legislativa en la que se mostraba la solidaridad por la salud del presidente venezolano. El diputado Armando Herrera Maradiaga lamentó que ese tipo de deferencia no se hizo con el presidente Ignacio Lula de Brasil.
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La Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica del poder legislativo en la cual establecieron nuevos órganos y disposiciones. A la vez establecieron medidas para tener mayor control en el trabajo de los diputados para evitar inasistencias injustificadas tanto al plenario como al trabajo en las comisiones.
De esta forma el diputado que no asista a una sesión plenaria o a la comisión se le deducirá el pago correspondiente a dicha actividad.
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) no se opuso a estas nuevas medidas, pero sí criticaron que se le quitara funciones a la Comisión de Municipios, órgano que ya no podrá llamar e investigar a las alcaldías. Con la reforma se reduce de 17 a 16 las facultades de esa comisión.
“Se le quita la posibilidad de supervisar a los municipios y al Estado, que se traducía en el llamado a una Alcaldía”, dijo el diputado Víctor Hugo Tinoco.
El legislador lamentó que se elimine la petición ciudadana individual para que el parlamento se pronuncie o investigue. Tinoco ejemplificó con el caso de Militza Matute, estudiante nicaragüense quien fue abusada en Venezuela. En ese caso, la diputada suplente Edipcia Dubón en calidad de ciudadana pidió al parlamento que se investigara al Instituto de la Juventud y a otros órganos de gobierno por los daños causados a la joven. Este tipo de solicitudes, según Tinoco, ya no se podrán realizar.
PROCESO EXPEDITO DE DESAFORACIÓN
En cambio el vicejefe de la bancada sandinista, José Figueroa, consideró que solamente pretenden establecer orden en el parlamento y modernizar la Ley Orgánica al establecer funciones que ya el parlamento venía haciendo, pero que no estaban en la letra de la Ley.
Por otro lado se reformó el artículo 145 en la cual se estableció un proceso expedito para la desaforación de los funcionarios públicos que gocen de inmunidad cuando sean acusados de delitos graves. Así solo bastará con que el judicial haga la solicitud a la primera secretaría del parlamento y esta la someterá directamente al plenario.
La disposición será por delitos referidos al crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, bienes o activos, terrorismo, tráfico ilícito de armas y delitos atroces.
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