Luis Eduardo Martínez
Retirados del antiguo Ejército Popular Sandinista (EPS) y desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense (RN), que durante la primera dictadura de Daniel Ortega en la década de los ochenta estuvieron enfrentados, suscribieron este fin de semana una serie de propuestas conjuntas para que el Gobierno cumpla con lo que les ha ofrecido.
En un extenso documento que presentarán esta semana al Gobierno, los exmilitares y excontras dicen haber consolidado sus demandas “como inicio de las acciones que en conjunto libraremos hasta alcanzar la respuesta efectiva y real del Gobierno”.
Además, “conceden” hasta el 25 de enero del 2013 para que el Gobierno se pronuncie sobre lo que llaman “propuesta única”. De no encontrar respuestas, “tomaremos otras acciones”, dijo Francisco Escoto, dirigente de los retirados del EPS en Matagalpa.
Propuestas
A finales de octubre, la Asamblea Nacional aprobó en lo general la denominada Ley Especial para la Atención a Excombatientes por la Paz, la Unidad y Reconciliación Nacional, la cual establece programas para que las instituciones públicas atiendan las necesidades básicas para la reinserción socioproductiva de los veteranos de guerra.
Sin embargo, aseguran que esto ha sido incumplido.
Los exmilitares y excontras proponen que de la Ley Especial sea eliminado el artículo referido a un estudio de factibilidad “sobre la esperanza de una pensión”, por considerarlo “muy burócrata para nuestras necesidades apremiantes”.
Pero en el caso de que los diputados mantengan ese proceso, exigen elevar las pensiones de los retirados y excontras al mínimo de 125 dólares y en los casos de incapacidad total a 250 dólares.
Asimismo, proponen crear una ley, decreto “o lo que sea”, en un plazo de dos meses, para que los veteranos de guerra obtengan una pensión equivalente al salario actual de los oficiales, clases y soldados del Ejército, derecho que tendrían quienes hayan permanecido “como mínimo” cinco años en servicio activo. De lo contrario, demandan una indemnización.
La propuesta además incluye pensiones para víctimas de guerra; entrega de propiedades o indemnizaciones; entrega de 855 planes techo; atención médica especializada; financiamiento y un plan de becas.
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