Santiago de Chile/EFE
Chile encara la próxima semana los alegatos orales de su litigio marítimo con Perú en La Haya con el precedente del fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió la semana pasada en la controversia entre Nicaragua y Colombia y que fue rechazado por este último país.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, admitió este lunes su «preocupación» por las sentencias del máximo tribunal de Naciones Unidas en otros juicios, en una clara alusión al litigio entre Managua y Bogotá, y dijo que la Corte debe fallar «en derecho».
«No veo que el presidente haya dicho cosas distintas de lo que el equipo jurídico va a alegar en La Haya. Vale decir, la supremacía del valor de los tratados internacionales», indicó a Efe el excanciller Juan Gabriel Valdés (1999-2000).
«Ahora, yo no soy partidario de hacer juicios sobre la Corte ni menos aún sobre sus fallos», recalcó.
El 19 de noviembre, la CIJ dio a Colombia la soberanía de varios cayos del Caribe, y a Nicaragua, el demandante, dos tercios -70,000 kilómetros cuadrados- de una zona marítima hasta ahora colombiana rica en pesca y otros recursos naturales.
En los días posteriores, Chile insistió en que ambos casos no son comparables, porque entre Nicaragua y Colombia no existía ningún tratado de límites, tal como recalca también Valdés, mientras que ese es precisamente el punto clave de la controversia con Perú.
Lima basa su demanda, presentada en 2008, en que los límites no están fijados por tratado alguno y busca establecerlos en una línea equidistante a las costas de ambos países, con lo que ganaría 38.324 kilómetros cuadrados hasta ahora bajo soberanía chilena.
Chile, en cambio, defiende que los límites quedaron fijados en el paralelo 18º 21 03 a través de dos tratados suscritos en 1952 y 1954 que, según Santiago, Lima respetó durante 60 años pero que en su demanda considera que son solo acuerdos pesqueros.
Perú pide también proyectar ese límite desde otro punto -desde el punto de La Concordia y no desde el hito número 1, a apenas 260 metros de distancia- y tener soberanía sobre un triángulo de mar exterior de 28,356 kilómetros cuadrados actualmente considerado alta mar.
El Gobierno chileno ha intensificado en los últimos días los contactos con diversos actores sociales, incluidos jueces y periodistas, de cara a los alegatos, que se celebrarán entre el 3 y el 14 de diciembre. El martes, Piñera se reunió con tres de sus antecesores en La Moneda y reiteró que el tribunal debe fallar «en derecho».
Los exmandatarios Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) criticaron además los fallos salomónicos, como el que en su opinión se dio entre Nicaragua y Colombia, ya que en este caso Chile solo aspira a mantener el statuo quo.
Uno de los abogados defensores de Chile, Andrés Jana, señaló al respecto que a su juicio estas declaraciones no son presiones, sino «reacciones políticas legítimas», y advirtió de que «la Corte no es impresionable o presionable por ninguna de las dos partes en este tipo de cosas».
«Los acuerdos salomónicos en este caso no pueden funcionar ni Chile puede aceptarlos», llegó a opinar Eduardo Frei, en una declaración que podía insinuar un llamamiento a incumplir la sentencia de ser ésta perjudicial para Chile.
Esta preocupación persiste en Perú, sobre todo después de que Colombia anunciara que no acatará el fallo de La Haya hasta garantizar la defensa de sus derechos y que se retirará del Pacto de Bogotá, por el que reconoce la jurisdicción de la Corte.
Pero el Gobierno chileno, tanto en boca de su presidente como del ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, ha recalcado que cumplirá el fallo y que Chile es un país respetuoso del derecho internacional.
Así lo reiteró el canciller al visitar el miércoles el norte de Chile, cuya zona marítima es objeto del litigio, y así lo declaró este viernes Sebastián Piñera en una declaración conjunta con su homólogo, Ollanta Humala, en Lima, en el marco de una cumbre de la Unasur.
Ambos países comparten espacio no solo en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sino también en iniciativas orientadas a la economía y el comercio como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) y el Trans-Pacific Partnership (TPP).
Además, en los últimos dos años, ambos países han dado forma, junto a México y Colombia, a la Alianza del Pacífico, en una muestra más de la llamada política de las «cuerdas separadas» aplicada por el Gobierno de Piñera.
Esa estrategia, que busca «encapsular» el conflicto y avanzar en otras áreas de integración, especialmente económica, dista de la aplicada por la Administración de Michelle Bachelet (2006-2010), que consideró la demanda como un «acto inamistoso».
Piñera sí mantuvo al equipo jurídico formado durante el periodo anterior y ha defendido que esta es una política de Estado, más aún cuando el fallo se conocerá probablemente en junio, a cinco meses de las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre.
Sea cual sea esa sentencia, por medio seguirán estando las cuantiosas inversiones bilaterales -12,000 millones de dólares de Chile en Perú, y 7,000 millones en sentido contrario- y los más de 100,000 emigrantes peruanos que residen en el país vecino.
