BOGOTA/AP
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no aplicará el fallo en el litigio con Nicaragua hasta estar seguro de que los derechos de los colombianos estén protegidos, en tanto los habitantes y autoridades de la isla de San Andrés respaldaron la decisión del gobierno retirarse del Pacto de Bogotá que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir asuntos territoriales.
El presidente no explicó si esa decisión de no “aplicar” el fallo era la posición oficial colombiana de no acatamiento a la decisión, aunque ya en el pasado el mandatario ha hecho referencias similares e incluso ha dijo que Colombia no está de acuerdo y rechaza la sentencia.
Solamente agregó que “esta dificultad que me llegó (al gobierno) de allá de la Corte Internacional de Justicia por este fallo que nos golpeó el corazón, nos golpeó el alma, también la vamos a enfrentar con decisión, la vamos a enfrentar con contundencia”.
“Lo he dicho, que ese fallo vulneró muchos derechos, muchos derechos de los colombianos y yo no voy aplicar ese fallo hasta no garantizar que esos derechos están bien defendidos y me voy a proponer mañana, tarde y noche a lograr recuperar esos derechos que nos fueron vulnerados”, dijo el mandatario en Bogotá al hablar en un encuentro de alcaldes de todo el país.
“Hemos sufrido un golpe muy serio por ese fallo…por las calles le preguntó a la gente, '¿cómo vamos?* y a veces me responden 'estamos golpeados, nos golpeó nuestra estado de ánimo'”, añadió el mandatario en su discurso transmitido en vivo por la Presidencia en su página de internet.
Más temprano, desde el poblado de Aparató, en el noroeste colombiano, Santos ratificó la posición colombiana en torno al fallo.
“Seguiremos usando todos los recursos que tenemos en todas las instancias para que este fallo de la Corte no vulnere ninguno de nuestros derechos”, dijo el mandatario citado por Presidencia.
“No voy a estar insultando yo al presidente (Daniel) Ortega ni a nadie, pero vamos a estar actuando con toda firmeza y con toda la determinación”, añadió en referencia al presidente Ortega, de Nicaragua.
En la isla de San Andrés, sus autoridades y pobladores apoyaron la decisión del retiro del pacto, aunque demandan una declaración clara de no acatar el fallo y mantener las aguas.
“Nosotros respaldamos y vemos con muy buenos ojos la decisión (del gobierno de Santos) …Ahora falta la estocada final y la estocada final es no aceptar el fallo de La Haya”, dijo Arlington Howard, presidente de la asamblea legislativa de San Andrés.
“Lo único que nosotros ahora necesitamos que haga el presidente Santos es que no acate el fallo, no seguirle la corriente a esos magistrados (de la Corte Internacional) que no conocen nada de nuestra cultura”, añadió Howard en entrevista telefónica.
El gobierno anunció la víspera su retiro del denominado Pacto de Bogotá, firmado en la capital colombiana en 1948 por países del hemisferio en medio de una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y por la cual reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir asuntos territoriales y marítimos, entre otros.
El presidente Santos y su canciller María Angela Holguín han aclarado que sólo renuncian a esa jurisdicción porque creen que tales límites deben ser decididos por los Estados, pero que seguirán en otros mecanismos de resolución pacífica de conflictos.
La canciller Holguín e internacionalistas han explicado que la salida del pacto sólo comenzará a regir dentro de un año, y que lo que buscan con la salida del Pacto de Bogotá es evitar nuevas acciones o demandas en contra de su territorio.
El retiro del acuerdo fue lamentado por el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, aunque aseguró que “la denuncia del Pacto es una opción de los países que está contemplada en el texto”.
Insulza, citado en un comunicado de la organización, declinó comentar acerca de las razones que tuvo el gobierno colombiano para adoptar su decisión.
Los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con un total de unos 72,000 personas, al menos 1,200 de ellos pescadores artesanales, temen que la decisión del tribunal de La Haya del 19 de noviembre les haga perder uno de sus modos de subsistencia porque pescaban en zonas que ahora son de derecho nicaragüense.
El fallo de la Corte determinó que las islas y siete cayos del archipiélago son colombianas pero otorgó a Nicaragua derechos de explotación en aguas que hasta entonces estaban en la jurisdicción territorial de Colombia.
“He vivido toda la vida en San Andrés y en este momento estoy en la playa para salir a pescar artesanalmente…Nos pareció muy bien que (el país) se haya retirado del pacto. Había que tomar una decisión, guste o no”, dijo a su turno John Mitchell, un pescador de 36 años. No estamos de acuerdo que Colombia acate el fallo de la Haya ya que todo esto nos pertenece a nosotros”, agregó el pescador en entrevista telefónica.Dijo que aún no han tenido problemas para moverse en esas aguas.
Lo mismo indicó Lucy Alvarez, gerente de Antillana, una de las dos empresas pesqueras industriales que operan en San Andrés.
“Para ser sinceros todavía en la zona del meridiano 82 (que para Colombia marcaba la frontera con Nicaragua y que fue modificado por la Corte) no hemos tenido ningún problema. En estos días sí ha habido presencia de un pequeño guardacostas nicaragüense y algunas lanchas…pero no han hecho nada”, dijo vía telefónica Alvarez, al descartar que eventualmente pueda surgir un enfrentamiento armado con el país centroamericano.
Como los isleños, encuestas muestran que la mayoría de los entrevistados están a favor que Colombia desconozca la decisión de La Haya, pero para los internacionalistas es difícil revertirla y ya de hecho está en efecto desde el mismo día que fue anunciada.
Un sondeo divulgado la noche del miércoles por la cadena de radio y televisión RCN y la revista Semana indicó que 83% de los consultados dijo no creer que el fallo debe ser aceptado, frente a 11% que dijo que sí debe obedecerse y 6% dijo no saber o no respondió.
La muestra fue realizada por la empresa Ipsos-Napoleón Franco entre 1,006 personas del 23 al 25 de noviembre en sondeos personales y telefónicos en 14 distintas ciudades del país y tuvo un margen de error de 3.1%
