Tegucigalpa/ACAN-EFE
Desde noviembre, la Policía es investigada por implicación de agentes y oficiales en varios delitos, incluidos crímenes, narcotráfico y robo de vehículos.
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El presidente Porfirio Lobo, y el titular del Legislativo, Juan Hernández, reaccionaron ayer con preocupación tras la declaración de inconstitucionalidad de las pruebas de confianza a la que son sometidos los agentes de la Policía.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional, votaron en contra de las pruebas de confianza, y uno a favor, por lo que el caso deberá ser resuelto por el pleno de la Corte Suprema de Justicia a más tardar en diez días, indica un comunicado oficial. Mientras, las pruebas están suspendidas.
El abogado Oscar Cálix afirmó que interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 26 de junio, argumentando que el proceso de depuración incluye procedimientos, como el polígrafo, que “obliga” a los policías “a declarar contra ellos mismos”, lo que para él es “totalmente inconstitucional”.
“Estamos sumamente preocupados por el tema de las pruebas de confianza de la Policía (…) con mucho compromiso patriótico y arriesgando la vida, los diputados tomamos decisiones para que la Policía fuera un ente que generará confianza al ciudadano”, dijo Hernández tras reunirse con Lobo.
Hernández sugirió un plebiscito y un referéndum para consultarle al pueblo hondureño qué medidas se deben tomar para depurar la Policía Nacional, a la que con frecuencia se vincula a la criminalidad extrema que vive el país.
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