Por Emilio López Romero
Naciones Unidas/EFE
Cuba logró hoy en la Asamblea General de la ONU una contundente condena al embargo económico que sufre desde hace cinco décadas por parte de Estados Unidos, país que en la votación de este año solo tuvo como aliados a Israel y al pequeño estado insular de Palau.
Después de casi tres horas de debate en el pleno de la Asamblea General, la resolución de condena al embargo impulsada por Cuba fue aprobada, por vigésimo primera ocasión consecutiva, con un abrumador resultado de 188 votos a favor, tres en contra (EEUU, Israel y Palau), y dos abstenciones de Micronesia e Islas Marshall.
El año pasado, en la votación de una resolución similar, Palau, situado en el Pacífico, se abstuvo.
“Es un acto de agresión y una amenaza permanente contra la estabilidad de un país. Es también una grosera violación de las normas de comercio internacional, de la libre navegación, y de los derechos soberanos de los Estados”, denunció durante el debate el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
El ministro de Exteriores cubano reclamó durante su intervención al presidente estadounidense, Barack Obama, que inicie “una nueva política” hacia Cuba en su segundo mandato levantando el embargo, tras denunciar que en sus primeros cuatro años de gobierno hubo un “endurecimiento” de esas medidas.
“La realidad de los últimos cuatro años se ha caracterizado por un persistente recrudecimiento del bloqueo”, afirmó Rodríguez, para quien el uso de retórica “menos estridente y amenazante” y la aprobación de medidas “parciales” de flexibilización “no consiguen ocultar el endurecimiento del bloqueo” en los últimos cuatro años.
El jefe de la diplomacia cubana aprovechó la tribuna de la ONU para denunciar que los daños económicos acumulados por un bloqueo que, según dijo, sigue “anclado en la Guerra Fría”, superan el billón de dólares desde su imposición por primera vez en febrero de 1962, bajo la Administración del presidente John F. Kennedy.
Estados Unidos, por su parte, volvió a defender el embargo como “una de las herramientas” que utiliza para promover el cambio en la isla, donde aseguró que persiste uno de los regímenes “más estrictos del mundo”, sin libertad económica ni empresarial, ni de acceso a internet ni expresión.
Ronald Godard, en representación del Gobierno de Obama, aseguró que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba y dijo que en 2011 se realizaron a la isla envíos individuales (como paquetes de alimentos y medicinas) valorados en unos 2.000 millones de dólares, y las empresas vendieron productos por otros 300 millones de dólares.
EE.UU., que reiteró que “apoya firmemente” al pueblo cubano, consideró que esta nueva resolución de condena busca “un chivo expiatorio exterior a la mala situación económica” de la isla, de la que culpó a las políticas del régimen comunista durante los últimos cincuenta años.
La soledad en la que se encuentra Estados Unidos con respecto a su posición sobre el embargo volvió a quedar patente en la Asamblea General, donde los países latinoamericanos y caribeños se unieron un año más para volver a solicitar el fin de unas medidas que, dijeron, genera “enormes injusticias para el pueblo cubano”.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercosur, la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y algunos países a título individual como México y Venezuela insistieron en que el embargo es contrario a los principios de la Carta de Naciones Unidas y las reglas del derecho internacional.
Durante el debate volvieron a surgir críticas contra “medidas extraterritoriales” como la discutida ley Helms-Burton, mientras que Cuba pidió nuevamente la liberación de los cinco agentes cubanos condenados en EE.UU. por espionaje, para los que pidió “un acto de justicia o, al menos, una solución humanitaria”.
Los países latinoamericanos señalaron que el mantenimiento del embargo supone “renunciar a la negociación, a la diplomacia y al diálogo” y advirtieron, en palabras del representante venezolano, de que EE.UU. “no logrará” su objetivo cambios de en la isla con unas medidas que, dijo, son “un residuo de la Guerra Fría en pleno siglo XXI”.
