Charlotte/EFE
El comisionado Bill James, representante del Distrito 6 del condado Mecklenburg (Carolina del Norte), que incluye a Charlotte, la ciudad más grande del estado, presentaría ayer a la Junta de Comisionados investigar el estado migratorio de estudiantes extranjeros en la zona para cobrar a sus países de origen por su educación, con el fin de determinar el impacto económico de los “sin papeles”.
El republicano argumenta que la decisión de la Corte Suprema de no prohibir a los sistemas de educación pública del país admitir a estudiantes indocumentados desde el preescolar al duodécimo grado no incluye “estimar sus costos”.
“Este debate es sobre los ilegales del Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) y cuánto cuestan a los contribuyentes. Quiero saber esa cantidad para pedir el pago a naciones como México, Venezuela, Nicaragua, o de donde provengan”, declaró James al canal local de noticias WBTV.
James, quien en 2008 irritó a la comunidad hispana al comparar a los indocumentados con “prostitutas y narcotraficantes”, dice que en el CMS hay un “gran número de indocumentados” inscritos en el programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL).
Según estadísticas del CMS, de los 138,012 alumnos de Charlotte-Mecklenburg, el 17.5 por ciento son hispanos y solo 15,505 (incluyendo a estudiantes de otras razas) tienen dificultades para dominar el idioma inglés.
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