Martha Vásquez
El presidente de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Francisco Rosales, rechazó que en los Tribunales de Justicia de Nicaragua sigan aumentando los casos de tomas de tierra relacionados con el waiver, a como lo señaló la secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, cuando notificó la aprobación de la dispensa del waiver de la propiedad.
Según el magistrado Rosales, algunos casos no se resuelven porque reclamantes no admiten más que la entrega de la propiedad y muchas veces esta ya fue dividida y entregada a varias cooperativas.
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Este último aval, aprobado el pasado julio, es válido del 29 de julio del 2012 al 29 de julio del 2013.
“Hace mucho rato que se fueron agotando los recursos. La lista se ha ampliado y recontrampliado, han aparecido los gringos caitudos, porque a medida que no le ponga coto la embajada norteamericana a la demanda de esos que adquieren la nacionalidad y demandan después a Nicaragua, entonces en esa medida es que vamos a tener incremento o disminución. Nosotros hemos venido cumpliendo”, dijo Rosales.
ESPERAN INDEMNIZACIÓN
Lo cierto es que aún existen 337 reclamos aún sin resolver y otros que están resueltos a medias porque aún siguen esperando indemnización.
Tal es caso de César Augusto Morales Romero, quien junto con su familia lleva 18 años esperando que el Estado los indemnice por una propiedad que les fue confiscada en los años ochenta. Mientras esperaban, hace seis meses, Alba-Caruna les tomó el último lote que aún tenían en posesión.
También está el caso de La Chureca, de la familia Martínez que aún espera resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, para que resuelvan el pago de la indemnización.
“La inquietud aumenta por las nuevas invasiones de propiedad, la falta de ejecución de sentencias judiciales y los nuevos reclamos”, los cuales suman diez reportados a la Embajada de EE. UU. en Managua, se lee en la carta de la diplomática a Nicaragua.
Sin embargo, Rosales no acepta que haya gran cantidad de casos por resolver en los Tribunales de Justicia y cree que el problema debe de verse desde el punto de vista presupuestario.
“La capacidad que tiene el país para responder a cada tipo de demanda, donde quepa la indemnización o la devolución, es limitada por la pobreza”, dijo el funcionario.
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