Restitución de aborto médico

Mientras la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reportó mediante comunicado oficial la resolución de 1,289 recursos de amparo en los primeros seis meses de este año, ninguno de ellos fue sobre la petición de revertir la prohibición del aborto terapéutico.

Martha Vásquez

Mientras la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reportó mediante comunicado oficial la resolución de 1,289 recursos de amparo en los primeros seis meses de este año, ninguno de ellos fue sobre la petición de revertir la prohibición del aborto terapéutico.

Las organizaciones de mujeres critican que en cuatro años esta misma sala no ha resuelto el recurso donde solicitan declaren inconstitucional el artículo 143 del Código Penal referido a la penalización del aborto.

“Se resuelven los recursos que no tienen implicancia política para el orteguismo, pero los que sí tienen implicancia política o se resuelven a favor del orteguismo o se dejan engavetados para la eternidad”, denunció Magaly Quintana, miembro del grupo Católicas por el Derecho a Decidir.

Ellas critican que los cuatro años consecutivos del magistrado Francisco Rosales como presidente de la Sala Constitucional no se deben a sus capacidades como funcionario, sino a su fidelidad con la pareja presidencial.

“El orteguismo no define a sus funcionarios por capacidad sino por incondicionalidad. No nos extraña que siga de presidente un cómplice del irrespeto total de la Constitución, y para muestra un botón, tenemos cuatro años que no nos contestan el recurso que presentamos contra la penalización del aborto terapéutico, a pesar que en Nicaragua el Estado es laico”, expresó Quintana.

Según Quintana, anualmente en Nicaragua fallecen 23 mujeres que pudieron salvarse la vida si se les hubiera practicado un aborto terapéutico; en lo que va del año, los medios de comunicación han reportado siete niñas que han quedado embarazadas producto de una violación y ahora están expuestas sus vidas por una “Ley injusta”.

“En cualquier país del mundo todos estos magistrados serían expulsados por incompetencia e irresponsabilidad en su cargo. Llevamos 1,399 días (4 años) esperando por justicia”, agregó.

Esta posición es compartida por Virginia Meneses, del Colectivo 8 de Marzo, Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres y Luz Marina Torres, de la Red de Mujeres contra la Violencia.

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