Félix Rivera
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El juez Local Penal de esta ciudad, Juan Carlos López Bonilla, acusó al presidente y tesorero de la comunidad indígena de Jinotega, Miguel Gómez Rodríguez y Antonio Rizo Villagra, respectivamente, de haber recibido siete mil dólares y 400,000 córdobas por la venta ilegal de tierras indígenas.
El judicial reaccionó de esa forma luego que dirigentes indígenas realizaron una marcha el pasado miércoles para pedir su destitución y la de sus colegas Alberto Martínez Guerra, juez primero de Distrito Civil y Julio César Blandón Villagra, juez segundo de Distrito Civil.
“Unos indígenas me manifestaron que la señora Francisca Herrera le pagó a los directivos Gómez y Rizo Villagra siete mil dólares por una parcela de varias manzanas, y el señor Nelson Calero pagó cuatrocientos mil córdobas a directivos de la comunidad indígena por una parcela de una finca de treinta manzanas, ubicada en el Canal de Apanás y que le perteneció a don Raúl Meneses, y que posteriormente dicha propiedad pasó a manos de doña Saturnina Hernández”, dijo López.
Refirió que cuando entregarían la propiedad a doña Saturnina, los indígenas se la volvieron a tomar, no permitiendo la entrega. “Yo estoy aquí para hacer cumplir la ley y no beneficiar a nadie y de la parcialidad que hablan los indígenas, ese no es mi estilo”, refirió.
Añadió: “El señor José Benito Cruz Gadea, de Las Lomas, ha pagado una gruesa suma de dinero a dirigentes indígenas por otra parcela de tierra y ya incluso el presidente de la comunidad indígena ha entregado escrituras de esas propiedades vendidas, sabiendo los directivos que dichas parcelas estaban en litigio”.
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