Humberto Galo R.
Han transcurrido cinco años desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la información Pública (Ley 621).
Sin embargo, es hasta ahora que algunas dependencias gubernamentales y gobiernos municipales están organizando las oficinas que darán trámite a la información que la población solicite.
Una de estas instituciones es la Contraloría General de la República, que ayer inauguró su oficina.
“Casi toda nuestra información es pública, lo único que no estará disponible son las declaraciones de probidad de los servidores públicos, a menos que ese funcionario autorice la difusión”, señaló el contralor de facto, Guillermo Argüello.
De acuerdo con el contralor, la instalación tardía de esta oficina es por razones presupuestarias.
“Lo que ustedes ven aquí es gracias a la cooperación alemana”, sostuvo Argüello.
Dicho déficit presupuestario es también un impedimento para que la Contraloría pueda efectuar auditorías en las municipalidades, a pesar de ser este un año electoral en el que los gobiernos locales deberán rendir cuentas por la administración que desarrollaron los últimos cuatro años.
En 2011 la CGR efectuó 40 auditorías y este año han realizado 25 en todo el país.
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