Ramón H. Potosme
Ninguna respuesta oficial ha enviado el inconstitucional presidente Daniel Ortega a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) que junto con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) envió una misiva al mandatario pidiendo que se elijan funcionarios en los cargos con períodos vencidos y que el país retorne a la institucionalidad.
Esa postura, para Yalí Molina, presidente de Amcham, es muy poco probable que cambie de acuerdo con el escenario actual.
La demanda empresarial tiene como fin mejorar los niveles de transparencia en el país y que los waivers o dispensas que otorga el Gobierno de Estados Unidos sean entregados al país.
Para el diputado Enrique Sáenz, del MRS, que es parte de la Alianza PLI, Ortega ya respondió la carta de los empresarios aprobando reformas electorales que apuntan a un nuevo fraude en noviembre próximo.
Sáenz, considera que no hay ninguna ruptura del diálogo empresarios-gobierno porque tienen todavía muchos intereses en común. Pero a la vez considera que Ortega les dice que no se metan en política y se dediquen a sus negocios.
El legislador consideró que un sector de los empresarios, más responsable y con visión de largo plazo, cuestiona el actual esquema que han sostenido en la relación con Ortega.
Sáenz recuerda que parte del modo de hacer política del inconstitucional mandatario es llevar las crisis al borde del abismo para ahí negociar con ventaja.
“Ahí sí va a ser irreversible la situación. Yo no veo que en e l tiempo disponible puedan darse esas condiciones, porque habría que desmantelar todo el sistema de control del orteguismo”, dijo Sáenz.
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“Hasta ahora su estrategia de llegar al borde del abismo, que ha aplicado por años, le ha dado resultados. Porque al final los otros jugadores terminan por doblegarse o por responsabilidad o por miedo. O terminan por cansarse de ese juego y se resignan”, planteó Sáenz.
RESPUESTA A DIÁLOGO
Por otro lado, el diputado Eduardo Montealegre, líder del Partido Liberal Independiente (PLI), ha insistido en un diálogo político, pero oficialmente no se conoce ninguna respuesta.
Para Sáenz, otra señal es que Ortega ha ordenado tomar el control de todos los Consejos Electorales Departamentales (CED).
“Esa ha sido la respuesta a los llamados de diálogo. Ha respondido, Ortega no se ha quedado pasivo. El que no quiere ver que no vea. Y el que no quiera oír que no oiga”, dijo Sáenz.
El legislador señaló que incluso a los CED presididos por miembros del PLI les puso administradores para mantenerlos controlados.
“¿Con qué propósito Ortega realiza estas maniobras para controlar la totalidad (del CSE)? Obviamente no es para hacer elecciones limpias. Entonces a los llamados de diálogo Ortega ha respondido con más arbitrariedades en el plano electoral”, señaló Sáenz.
Montealegre insistió el jueves pasado en llamar a Ortega a sostener un diálogo político para elegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral y demás funcionarios que ocuparán más de 60 cargos vencidos. Según él, aunque Ortega tenga los votos para elegirlos por sí solo, no lo hará con legitimidad.
En el parlamento, legisladores oficialistas y opositores niegan que haya conversaciones y se acusan mutuamente de evitarlas.
Pero Sáenz ve en Ortega una intención de proteger a los magistrados usurpadores del CSE, pues tras el escándalo del magistrados suplente Julio Osuna al ser acusado de estar vinculado con el narcotráfico y crimen organizado, el Gobierno se lavó las manos. En cambio trataron de excusar al resto de funcionarios. Para él, es absurdo eximir de responsabilidades a los que tienen el control del poder electoral.
OTRA CARTA, AHORA PEDIR VETO A LA UAF
Por su parte, el presidente de Cosep, José Adán Aguerri, anunció ayer que preparan una carta que enviarán a Ortega solicitando el veto de los Artos. 4 y 9 que contiene la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“Estamos trabajando en las dos vías por un lado solicitando el veto presidencial y por otro trabajando de manera concreta también los Recursos de Amparo y de Inconstitucionalidad, en el caso que el Presidente Ortega opte por aprobar esta ley sin vetar estos dos artículos”, dijo Aguerri.
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