La Haya/EFE
Colombia defendió hoy en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Nicaragua carece de «base legal» para pedir cambios en la frontera marítima entre ambos países, una solicitud con la que Nicaragua pretende recuperar unas 200 millas en el mar.
«No hay necesidad de limitar las zonas marítimas porque están demasiado separadas», indicó el experto legal Rodman Bundy, en representación de Colombia. Bundy remarcó ante los jueces que «la petición de marcar una línea marítima equidistante no tiene base legal».
Nicaragua considera que Colombia tiene bajo su soberanía una zona situada en sus aguas soberanas de 200 millas náuticas que le corresponde. Además, ambos países se disputan la soberanía del archipiélago San Andrés, que comprende los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y Cayos Este Sudeste, así como todas las áreas marítimas que le corresponden.
Colombia argumentó que la soberanía del archipiélago no puede ponerse en disputa porque el conflicto ya se resolvió en 1928 con la firma de tratado Bárcenas-Esguerra, que ratificó, según Bogotá, la soberanía colombiana sobre San Andrés.
Nicaragua defendió el pasado lunes durante su primer turno de palabra la nulidad del tratado de 1928 sobre el dominio colombiano de San Andrés, dado que el país se encontraba bajo ocupación de Estados Unidos.
La CIJ celebra esta semana la primera ronda de audiencias en este litigio, que Nicaragua elevó a la corte en 2001.
La próxima semana los países intervendrán por segunda vez ante los jueces rebatiendo sus argumentos.
La apertura de las audiencias se retrasó por la petición de las vecinas Honduras y Costa Rica a la corte internacional de participar en la tramitación del contencioso porque consideraban que su fallo podía afectar a sus intereses. Sin embargo, en mayo de 2011 los jueces rechazaron las solicitudes de intervención de esos dos países.
En 2007, como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Bogotá en la disputa, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la jurisdicción de esas islas.
