Elízabeth Romero
Los casos de propiedad denunciados en los últimos meses podrían provocar un daño irreversible a la seguridad jurídica del país, observó el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié.
Recordó el defensor de derechos humanos, que este tipo de hechos crean incertidumbre en la población. Ampié mostró preocupación por la participación anormal de la autoridad policial en estos hechos, como sucedió con el caso reciente de Freddy Antonio Ramírez.
El señor asegura que fue despojado de su propiedad de más de siete manzanas, mediante la detención policial y bajo amenaza de cárcel si no cedía el bien al Estado. “Lo que corresponde es que se dé el desalojo luego que una de las partes haya vencido a la otra en juicio”, dijo Ampié.
“Y el Estado también debe acudir a los tribunales, y vencer en juicio a quien considera ocupa un bien que es de su propiedad. Pero no cabe y no es respetuoso de los derechos humanos que el Estado instrumentalice a la autoridad policial para que ejecute una decisión que corresponde a otra autoridad estatal”, apuntó.
El coordinador jurídico de ese organismo, Gonzalo Carrión, recordó que hay decenas de casos llevados a ese organismo, donde personas con documentos de propiedad no han podido sacar a los invasores de sus propiedades, bajo el alegato de que existen órdenes del presidente inconstitucional Daniel Ortega, de no ejecutar desalojos.
Recordó Carrión que hace dos años, el Cenidh acompañó a una persona de más de 80 años, que se vio imposibilitada de recuperar una casa que había alquilado en Granada, porque la juez y la Policía se negaron actuar bajo el alegato de que Ortega “ordenó que no habría más desalojos”.
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