Por Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
La Fiscalía General de la República investiga penalmente al ex presidente Oscar Arias por el caso de minería Crucitas, por haber firmado un ilegal decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional ese proyecto; aunque aún no figura como imputado porque no se le ha atribuido ningún delio.
“En la investigación obviamente don Oscar aparece como parte del contexto, porque fue el presidente que firmó el decreto que está cuestionado. En ese sentido pues todavía la investigación no ha llegado al punto como para excluirlo del expediente, estamos esperando, creo que en los próximos días eso deberá ya estar totalmente clarificado”, declaró desde México a Noticias Reloj, Jorge Chavarría, Fiscal General.
En el año 2008, Arias y su entonces ministro de Ambiente, Roberto Dobles, firmaron el decreto que avaló la minería Crucitas, el cual fue anulado en un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo en el año 2010, por considerar que carecía de argumentos técnicos para emitirlo.
El mismo tribunal anuló los permisos ambientales irregulares emitidos por el Estado de Costa Rica, a la empresa canadiense Industrias Infinito, que pretendía extraer cerca de un millón de onzas de oro, a cielo a vierto, en Crucitas.
“Lo que quiero que se entienda es que el nombre de don Oscar aparece ahí porque está contextualizado con los hechos que se investigan, lo cual no significa que se le esté imputando un caso concreto en ese momento”, añadió Chavarría.
La fiscalía también investiga penalmente a funcionarios y ex funcionarios estatales ambientales, entre ellos el ex ministro Dobles, quien fue indagado por La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el supuesto delito de prevaricato, que es dictar resoluciones contrarias a la ley, por los permisos otorgados a la minería.
La Fiscalía informó que «se investiga la resolución de ese ministerio, del 21 de abril de 2008, que ordenó la conversión de una resolución anterior que había sido anulada por la Sala Constitucional, para favorecer a la compañía canadiense”, dijo la fiscalía.
«Lo anterior, no obstante que la conversión resultaba inaplicable al caso concreto, puesto que la resolución había dejado de existir en el ordenamiento jurídico costarricense -por orden de la Sala Constitucional y la Administración- y para ese momento aún se encontraba vigente una moratoria para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional, otorgada por el Poder Ejecutivo desde el año 2002», señala.
“Muy amplia, con una norme cantidad de hechos, todos que constan, igualmente a solicitud mía pedí una ampliación para poder continuar con la declaración porque es un caso muy complejo; pero es importante tener la oportunidad de poder explicar todos los hechos y que todo fue a derecho, me siento muy tranquilo”, dijo Dobles sobre su indagatoria, al salir de la Fiscalía.
