Poco calificados, pero fieles son los ministros y funcionarios que quieren en el Estado el presidente inconstitucional Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el general retirado Hugo Torres, también exsecretario del Consejo de Estado de los años ochenta.
La Constitución establece en su artículo 138 que la Asamblea debe ratificar los nombramientos de ministros, viceministros y otros cargos en el Estado con el voto favorable del 60 por ciento de los diputados, o de lo contrario estos no se considerarán firmes y el presidente deberá nombrar a otros.
“A Ortega no le costaría hacerlo porque se garantizó la mayoría de la Asamblea Nacional, pero por costumbre autoritaria se tiró las trancas”, cree Torres.
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Según Torres, Ortega y Murillo “han reemplazado la eficiencia y el apego a la ley de los funcionarios por un proceso de alineación, en el que nadie ni siquiera puede desarrollar sus potenciales si eso significa resaltar más que la pareja presidencial”.
Mientras funcionarios cuestionados por los partidos de oposición y la sociedad civil permanecen en sus cargos, otros que han gozado de alguna simpatía son cancelados o reubicados sin explicación, como según Torres ocurrió a la exministra de Salud, Maritza Quant, ahora diputada del FSLN en la Asamblea Nacional.
“Estamos en un vergonzoso y perjudicial escenario en el que los funcionarios prefieren pecar por defecto y no por eficiencia, al limitarse a hacer solo lo que ellos autorizan”, lamenta Torres.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, considera que, aunque no son todos los ministerios e instituciones, algunos como el Ministerio del Trabajo (Mitrab), Educación (Mined) y Transporte e Infraestructura (MTI) no respetan a la población, porque prefieren responder a intereses patronales o de la pareja presidencial.
A su juicio, los casos son más graves en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua (Telcor).
“Las consecuencias —asegura Torres— son pésimas gestiones administrativas que estancan al país en ineficiencia y burocracia” y se deben corregir y cambiar.
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