Por Moisés Martínez y Eduardo Cruz
La política empezó a cobrar vidas en Nicaragua luego del fraude electoral que llevó al presidente Daniel Ortega a agenciarse inconstitucionalmente un nuevo período de gobierno y un control en el parlamento para hacer y deshacer en el país. Ahora, el país está envuelto en lo que el abogado y asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, denomina un “sistema de violencia política” que puede ir escalando si no se pone freno a la nociva polarización que divide al país.
Carrión es claro en decir que aunque no se puede achacar al presidente Daniel Ortega de ser el responsable directo de la violencia política, sí lo es de no buscar establecer los mecanismos para la apertura de un diálogo franco, sin demagogia, con los sectores sociales y políticos del país, para evitar que la situación se salga de control. Sin embargo, la preocupación del Cenidh apunta también a la actitud misma del mandatario sandinista, que ante esta evidente escalada de la violencia política, ha tomado una actitud confrontativa, acusando a la oposición política de “querer ensangrentar el país” y usando sus medios de comunicación oficialistas para asegurar que los enfrentamientos son instigados por la Alianza PLI.
Otro factor que contribuye al sistema de violencia política es el doble rasero del Estado para esclarecer los casos de El Carrizo (donde los ejecutores fueron orteguistas) y Coperna, en los que los señalados son de la Alianza PLI.
“Estamos hablando de hechos sumamente graves, como es la privación violenta de la vida por motivos políticos, y como organismo de derechos humanos lamentamos y condenamos todos estos hechos, y nos preocupamos ante lo que parece ser la gestación de un sistema de violencia política en el país. Ya va cerca de media docena de personas que han sido ejecutadas, y esto no es solo doloroso para sus familias, sino que además es ofensivo y doloroso para toda la sociedad, por las consecuencias que puede traer todo esto”, opinó Carrión.
POLICÍA DICE QUE PUEDE TOMAR 10 DÍAS
No menos de 10 días demorará la Policía en investigar el asesinato del secretario político del FSLN en Mulukukú, Carlos Elí García Hernández, debido a las difíciles condiciones geográficas de la comarca Luku Paraska, en donde ocurrió el crimen, indicó el comisionado mayor Fernando Borge, vocero policial.
Borge indicó que la Policía está trabajando de la mano con el Ejército en la investigación del caso, mediante un operativo que les llevará al menos 10 días, ya que tienen que rastrear bien la zona, donde tienen que trasladarse a través del curso de ríos e internarse en las montañas
Aunque no hay personas capturadas por la muerte de García Hernández, Borge señaló que entre los principales sospechosos se identifica a grupos delincuenciales de la zona, pero no quiso brindar más detalles para “no entorpecer las investigaciones”.
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