Por: Moisés Martínez
La aparición de actas alteradas parece que no fueron incidentes aislados ocurridos en Managua y Masaya. Cada día se reportan nuevas pruebas referidas a actas de Juntas Receptoras de Votos (JRV) que fueron evidentemente manipuladas para favorecer al presidente Daniel Ortega en su empeño de lograr una ilegal e ilegítima reelección. Algunas provienen de sitios alejados como La Trinidad, en Estelí, o El Almendro, en Río San Juan.
Esto indica que estas actas alteradas formaron parte del denominado “teatro del fraude”, ocurrido el pasado 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral (CSE), como ha sido su tónica, en vez de aclarar estas iregularidades, salió al paso de las denuncias hechas ya sea por las redes sociales o los medios de comunicación independientes, y acusó directamente a la Alianza PLI de falsificar boletas y actas de JRV.
“Algunos sectores que participaron en la Alianza PLI, al comprobar que los resultados electorales oficiales le han sido desfavorables, una vez que el CSE dio a conocer los resultados preliminares de casi el 96 por ciento de las Juntas Receptoras escrutadas, se están dando a la tarea de fabricar centenares de actas de escrutinio alteradas y boletas electorales falsificadas, con la finalidad de sembrar confusión en la ciudadanía y sorprender a algunos medios de comunicación”, cita un comunicado del departamento de prensa del CSE enviado el viernes pasado.
“Vamos a clasificar esos patrones fraudulentos y explicar cómo se cometió el fraude en cada una de las JRV”, dijo el viernes pasado Eliseo Núñez, jefe de campaña del PLI, quien agregó que con estas pruebas se presentarán ante el Consejo Supremo Electoral, y una vez agotadas las instancias nacionales recurrirán ante las internacionales.
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PARA MUESTRA, DOS BOTONES
Entre las nuevas evidencias hechas llegar a la redacción de LA PRENSA está el acta 05088236-1 de León, en la que se mira claramente cómo los resultados originales fueron borrados para reescribir sobre la mancha que quedó en el acta cifras que finalmente daban al Frente Sandinista 219 votos y a la Alianza PLI solamente 42 votos.
También se nos hizo llegar un acta de JRV con el código 0473926-2 que de manera similar a unas actas provenientes del Distrito VI de Managua la semana pasada, registra una votación de 689 votos a favor del Frente Sandinista. Como se consignó en los reportes publicados el pasado viernes, la alteración en este caso es que las JRV solo tienen un máximo de votantes de 400 ciudadanos.
En el caso de las actas provenientes de El Almendro, la constante en estas es que son prácticamente ilegibles, por lo que no se conoce con claridad cuáles fueron los resultados en esas JRV.
El presidente del CSE, Roberto Rivas, ha incumplido su palabra de mandar a publicar en el sitio web del poder electoral los resultados junta por junta, tal y como se hizo en el 2006.
La última vez que Rivas Reyes compareció ante los medios de prensa fue el viernes pasado, y no supo explicar por qué en la web no aparecen los resultados junta por junta. Primero dijo que hoy lunes estarán los datos, luego que la plataforma se montó sobre los centros de votación de manera muy sencilla, pero al final no dejó nada claro.
Tanto la Alianza PLI, como el PLC, han revelado que sus fiscales fueron amenazados de ser agredidos físicamente o ser expulsados del recinto sin su correspondiente copia del acta de JRV, si se negaban a firmar cualquiera de las actas alteradas.
“Firmaron coaccionados y presionados. Los amenazaron con agredirlos, ya sea a ellos o a sus familias, por lo que hicieron fue firmar el acta, pero valientemente lograron rescatar las copias para poder probar cómo fue uno de los aspectos más descarados de este fraude”, declaró el viernes pasado Alfredo Gutiérrez, coordinador de fiscales en el Centro Electoral Municipal (CEM) de Managua, ubicado en el Estadio Nacional.
ACTAS ALTERADAS Y BOLETAS EXTRAS
La aparición de estas actas alteradas por doquier podría estar relacionada con el hecho de que el Consejo Supremo Electoral mandó a imprimir 2.7 millones de boletas extras para estos comicios presidenciales.
Una de las decisiones que los magistrados de facto del CSE tomaron contra lo que indica la Ley Electoral fue designar 400 boletas para cada Junta Receptora de Votos (JRV), para que estas no fueran contadas ni en la apertura ni en el cierre de las mismas y “así evitar atrasos”.
Sumado a ello estuvo la ausencia del 20 por ciento de los fiscales de los partidos políticos de oposición en la JRV, la expulsión de al menos un 10 por ciento más de los mismos, así como la ausencia de observadores nacionales independientes.
El CSE imprimió 5.2 millones de boletas para mandar 400 a cada una de las 12,960 juntas.
Esa nueva “disposición” permitió que se imprimieran un millón de boletas más que el padrón “inflado” y casi dos millones de boletas más que el padrón real estimado en 3.3 millones de votantes.
Al final, los votos totales fueron alrededor de 2.5 millones, o sea que el CSE tuvo a su disposición otros 2.7 millones de boletas “limpias” sin que nadie fiscalizara.
Cabe señalar que la Alianza PLI ha denunciado ante los medios de comunicación que hay actas que tienen hasta 900 votantes, lo cual es insólito, porque cada JRV está conformada por un máximo de 400 personas.
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