Reformas, limpiezas y renovaciones son parte de las tareas para la próxima Asamblea Nacional (AN), que se instalaría en enero del año que viene, con la venia de unos y la desaprobación de otros.
Álvarez considera que no es posible que Ortega pueda legitimar su próximo gobierno ni la nueva Asamblea, pero sí podría hacer reformas constitucionales para legitimar sus próximas candidaturas.
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Entre los quehaceres que deben primar en esa Asamblea, donde la bancada del Frente Sandinista sería mayoría, están la reforma del seguro social y la reforma tributaria, apunta el analista político Gabriel Álvarez.
Esa es una posición compartida por el diputado Agustín Jarquín Anaya, aliado del FSLN.
Según Jarquín, los puntos que tendrían que someterse a discusión son aquellos que atentan contra el contribuyente, como el aumento del número de las cotizaciones (de 750 a 1,500 semanas) y de la edad mínima para jubilarse, de 60 a 65 años.
A juicio del diputado, también es fundamental mejorar la institucionalidad mediante la elección de nuevas autoridades para reemplazar a los funcionarios que tienen sus períodos vencidos en el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y otras instancias del Estado.
“Hay que comenzar por el Consejo Electoral”, dice Jarquín Anaya, quien considera que el presidente de facto de esa institución, Roberto Rivas, ha tenido desde hace mucho “una actuación deficiente”.
Según Álvarez, es necesario que se garantice no ir a los comicios municipales con “las mismas reglas del juego y la misma gente” y advierte que “hay un sinnúmero de partidos de mentira, estructuras partidarias obtenidas solo para hacer de aliados y satélites”.
El excandidato a la vicepresidencia de la Alianza PLI, Edmundo Jarquín, prefirió comentar sobre la agenda de la próxima Asamblea. “Eso sería reconocer indirectamente estos resultados”, anotó.
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