El seguimiento “diferenciado” que ha dado la Policía al asesinato de tres campesinos en la comunidad El Carrizo, de San José de Cusmapa, frente al del secretario político del Frente Sandinista en otra comunidad de Siuna, revela una “grave” parcialización de esta institución y un “peligroso” establecimiento del monopolio de la violencia de parte de los grupos progubernamentales, con la protección de la misma, según organismos de derechos humanos y que vigilan el desempeño de la seguridad ciudadana en Nicaragua.
Además, considera que se trata de “negar el derecho democrático a la protesta pacífica” y advierte “la peligrosísima “reprivatización” del monopolio de la fuerza de parte de las turbas orteguistas”.
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“En las protestas hechas tras las elecciones los opositores son los agredidos y la Policía Nacional no hace nada. En algunos casos también es la que reprime”, agrega la directora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Claudia Pineda García.
Sin embargo, Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), también advierte que esta actuación policial a favor de los grupos progrubernamentales “es una consecuencia lógica de una serie de atropellos al orden constitucional” de este Gobierno, en el que la Policía no está exenta.
“Nosotros en el IEEPP también lo hemos dicho claramente —dice Pineda—. La Policía ha tenido una gran actuación contra el narcotráfico y también, aunque menos, contra la criminalidad común, pero en cuanto a ser imparcial ante las manifestaciones políticas en el país no ha actuado nada bien”, sostiene.
La violencia tras los también fraudulentos comicios municipales del 2008 y la emboscada contra los diputados de oposición en el hotel Holiday Inn, en abril del 2010, son solo un par de los antecedentes que ambos recuerdan.
“La Policía se ha deteriorado de manera tan grave y acelerada y esa no es una opinión, son los hechos, y no son aislados”, dice Carrión, para quien esta institución está “al servicio del andamiaje del fraude”.
Carrión critica que “la Fiscalía ha hecho gala de los 20 detenidos por el caso de Siuna, ¿pero a cuántos ha mostrado por los tres campesinos de El Carrizo? Lo que vemos es celeridad y cacería contra opositores”.
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