Tania Sirias
El analista político Carlos Tünnermann Bernheim es de la opinión que la sociedad civil ha estado más activa y dinámica que los partidos políticos en la defensa de la Constitución del país. Sin embargo lamentó que al contrario, los diputados en el parlamento han demostrado poca beligerancia en el respeto a la institucionalidad democrática.
Una prueba tangible es que los organismos de la sociedad civil son los que se han puesto al frente de las últimas marchas para demandar al Gobierno y específicamente al presidente Daniel Ortega, el respeto a la Constitución Política del país, pues consideran su candidatura ilegal e ilegítima, pues lo prohíbe el artículo 147 de la Carta Magna.
“En las marchas de la sociedad civil se han sumado algunos dirigentes políticos pero no todos. Los partidos hasta ahora han convocado a concentraciones, pero lo hacen porque están en campaña por la silla presidencial, nunca lo hicieron para señalar la candidatura ilegal de Ortega”, criticó Tünnermann.
El analista político ejemplificó que cuando el presidente Ortega extendió el período de los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes se les venció su período constitucional, en el parlamento un grupo de diputados expresó “que iban a sacar una ley para derogar ese decreto”, pero eso nunca ocurrió.
Recordó que la sociedad civil fue la que se puso al frente para promover un proyecto de ley para la observación electoral, con el fin de hacerla obligatoria y que el CSE no se arrogara la potestad absoluta de acreditar solo a los organismos que quisiera.
Tünnermann dijo que si los diputados hubiesen aprobado el anteproyecto de ley, Roberto Rivas, hubiese acreditado de manera obligatoria a Ética y Transparencia (EyT), al organismo Hagamos Democracia y que el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) no estuviera hasta el último momento esperando su acreditación como observador nacional.
“En la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), la cual aglutina a muchas organizaciones civiles, promovimos un anteproyecto de ley, fuimos a la Asamblea Nacional, lo firmaron cuatro jefes de bancada y se comprometieron a presentar la iniciativa, pero la directiva la bloqueó y ahí se quedaron estancados”. Tünnermann agregó que existen procedimientos de ley para forzar a la directiva del parlamento a poner en agenda dicha iniciativa, pero no ocurrió.
Otra prueba del trabajo que han venido haciendo las organizaciones civiles es que son los ciudadanos y no los políticos los que han sufrido agresiones por las turbas sandinistas quienes lanzaron morteros y piedras en las marchas contra la ilegal candidatura del presidente Ortega.
“Muchas veces, lo que han hecho los partidos son denuncias retóricas, pero durante todo este período presidencial, no ha habido una sola marcha que haya sido convocada por un partido político. Se han sumado, pero quienes se han puesto al frente han sido las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó Tünnermann.
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