Naciones Unidas/EFE
Los 193 países que conforman la Asamblea General de la ONU se disponen a votar este martes una nueva resolución de condena al embargo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace casi medio siglo.
La reunión de mañana será la vigésima ocasión consecutiva en la que el Gobierno cubano presenta ante el organismo internacional un proyecto de resolución para pedir el fin de las sanciones estadounidenses contra la isla.
El año pasado, una resolución similar se aprobó con los votos favorables de 187 países, dos en contra (EE.UU. e Israel) y las abstenciones de Islas Marshall, Palau y Micronesia.
Para la votación de mañana las autoridades de La Habana esperan un respaldo similar al documento que presentará la delegación cubana en la Asamblea General, que estará encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez.
En su último informe al respecto, La Habana considera que el bloqueo de EE.UU. es el «obstáculo principal para el desarrollo» de la isla y cifra los daños económicos directos de esa medida en Cuba desde 1962 hasta diciembre de 2010 en 104.000 millones de dólares.
El canciller cubano denunció a finales de septiembre durante los debates de la Asamblea General que el embargo alcanza daños acumulados por 975.000 millones de dólares desde su imposición hace casi medio siglo.
El documento de las autoridades cubanas destaca también que existe una «retórica oficial que pretende convencer a la opinión pública de que el actual Gobierno norteamericano ha introducido una política de cambios positivos».
Pero, subraya que la isla continúa sin poder comerciar con subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países, mientras que los empresarios de esas naciones interesados en invertir en Cuba son amenazados e incluidos en listas negras.
Así, denuncian un año más que la aplicación extraterritorial del embargo ha fortalecido «las sanciones y la persecución» contra ciudadanos, instituciones y empresas de terceros países que quieran establecer relaciones con Cuba.
En concreto, las autoridades cubanas aseguran que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. multó en 2010 a cuatro entidades por un monto total de 502 millones de dólares, la mayoría al banco holandés ABN Amro.
Además, aseguran que en abril pasado Washington pidió a explicaciones al banco español BBVA sobre el alcance y la naturaleza de sus actividades «pasadas, presentes y previstas» en Cuba, además de identificar cualquier contacto con las autoridades de la isla.
Un grupo de líderes empresariales de EE.UU. abogó la semana pasada por un mayor intercambio comercial con Cuba por entender que, en medio de la crisis actual, ayudaría a generar más empleos en este país a través de un aumento en las exportaciones.
Durante un foro organizado por la Sección de Intereses de Cuba en Washington, los empresarios aseguraron que el embargo es una política fallida que sólo ha perjudicado a los pueblos en ambos lados del estrecho de la Florida.
Sin embargo, los defensores del embargo, entre ellos los líderes cubano-estadounidenses en el Congreso y del exilio, insisten en que no se puede premiar con divisas y exportaciones de Estados Unidos a un régimen que oprime a disidentes y viola los derechos humanos.
Sus detractores replican que, como herramienta de política exterior, el embargo, vigente desde 1962, más bien le sirve de «excusa» al régimen castrista para justificar el fracaso de su modelo económico y las privaciones que vive la población.
Según el informe del Gobierno cubano, los sectores de mayor impacto social en la isla, entre ellos el de salud pública, el de la alimentación y el de la educación, continúan siendo «objetivos prioritarios» del embargo instaurado por Washington.
La Habana habla de un «bloque particularmente cruel» en el campo de la salud pública, cuyo impacto desde mayo de 2010 hasta abril pasado calcula en 14 millones de dólares, mientras que en la esfera de la alimentación asciende a más de 120 millones de dólares.
El embargo estadounidense sobre Cuba se inició de manera oficial el 7 de febrero de 1962, bajo la Administración del presidente John Kennedy, pero ya el gobierno de Washington había impuesto ciertas sanciones desde 1959, año del triunfo de la revolución.
