Ningún nicaragüense que pretenda mejorar sus finanzas el próximo año tendrá suerte en su meta si se cumple el cálculo del Gobierno de Daniel Ortega, de que todos pagarán más y ganarán menos a partir de enero del próximo año, gracias a un paquete de reformas y aumentos que éste se “guardó” para desempacar tras las elecciones.
Una dura reforma a la Ley de Seguridad Social que duplicará el número de cotizaciones para los asegurados, un aumento de la tarifa de energía eléctrica de hasta el 41.88 por ciento —según lo aprobado a mediados de este año— y un bono solidario atado a la voluntad del mandatario son las “bombas” que reventarán en Año Nuevo.
Según el economista Adolfo Acevedo, la reforma a la Ley de Seguridad Social será “un duro golpe” en contra de los asegurados que ya no podrán jubilarse a los 60 años, sino hasta los 65, y que recibirán su pensión completa solo si cotizan un total de 1,500 semanas, es decir, el doble de ahora.
En un escenario así, no es de especular si en algunas décadas se multiplica el número de ancianos que hoy piden bajo el sol o la lluvia que el Estado les regrese parte de lo que aportaron durante sus mejores años de vida, asegura el economista y candidato a vicepresidente de la alianza PLI, Edmundo Jarquín.
IGUAL LA LUZ
En junio de este año, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), aseguró que el aumento de la tarifa de energía eléctrica no es una certeza, porque si el precio del petróleo sigue bajando el aumento solo sería del 24 por ciento. Pero la verdad es que —según Acevedo— el petróleo que Nicaragua compra a Venezuela cuesta diez dólares más que en el mercado de Texas.
Acevedo y Jarquín coinciden en que el Gobierno contó con las condiciones macroeconómicas para evitar estas reformas: menos servicio de deuda, más cooperación extranjera y holgura presupuestaria. “Pero no lo hizo para no perjuficar su campaña”, asegura Jarquín.
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