Por Lucía Navas
Cadur asegura que mientras sigan los empresarios asumiendo esas inversiones, aunque el Gobierno presione, difícilmente se podrán ofertan casas de menor rango.
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Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanp), declaró a LA PRENSA que “(estamos) abiertos a escuchar y buscar soluciones”. El problema que identifica para que el crédito hipotecario no llegue a “los segmentos de la población de más bajos ingresos es que posiblemente estos son más informales y se hace más difícil comprobar la veracidad de esos ingresos”.
Recordó que deben cumplir las normativas para otorgar préstamos que exige la Superintendencia de Bancos.
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“No se puede pensar en que se va a bajar el costo de la vivienda sacrificando la calidad de su construcción”. El presidente de la Cámara de Urbanizadores (Cadur), Alberto Atha, expresó así su rechazo a la decisión del Gobierno de no elevar el techo de la vivienda de interés social que puede gozar del subsidio público.
El gremio urbanizador mantiene la posición de que no puede esperarse que se construyan masivamente proyectos donde se oferten casas entre 10 mil y 15 mil dólares, con el incremento de los precios de los materiales de construcción.
El asesor presidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce, justificó la decisión de no pasar de 20 mil a 26,500 dólares el valor de la vivienda subsidiada, en que las familias de escasos recursos no se están beneficiando.
De las casi seis mil casas vendidas dentro del Plan Nacional de Vivienda los últimos dos años, solo 88 tenían un costo menor a los 14 mil dólares. El segmento que más recibió subsidio es el de 20 mil y 30 mil dólares.
Atha señala como parte del problema para beneficiar a las familias de escasos recursos el hecho que el Sistema Financiero Nacional no ofrece créditos hipotecarios para ese segmento.
Recordó que las familias que obtienen ingresos mensuales menores a los 10 mil córdobas son las que pueden optar a las casas que cuestan menos de 15 mil dólares. “Pero si no existe una institución financiera que financie a esta familia no sirve de nada tener en oferta viviendas en esos rangos de precio”, asegura Atha.
La junta directiva de Cadur advirtió que no se invertirá en proyectos que no se ajusten a las normas de construcción exigidas por la Ley de Vivienda, la cual establece que la casa de interés social es la que mide entre 36 y 60 metros cuadrados, con servicios básicos incluidos.
Como consecuencia de la decisión del Gobierno, Cadur identifica que se puede desestimular la oferta de casas con rangos menores a los 30 mil dólares, lo que dejaría de generar miles de empleos.
Atha dijo temer un estancamiento del Plan Nacional de Vivienda.
Cadur propone como alternativas una “alianza público-privada” para encontrar nuevos mecanismos que garanticen construir viviendas baratas, pero sin dejar de atender los otros segmentos.
Los urbanizadores pidieron una pronta reunión con el Gobierno y los representantes del sistema bancario para abordar todos los problemas y acordarles respuestas.
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