ACAN-EFE
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, José Adán Aguerri, pidió hoy a las autoridades electorales organizar unos comicios transparentes el próximo 6 de noviembre, para evitar «un retroceso» con los organismos financieros multilaterales.
«Es sumamente importante que tengamos un proceso electoral transparente», dijo a periodistas el dirigente de la principal cúpula empresarial de este país.
Según Aguerri, si el Consejo Supremo Electoral (CSE) garantiza unos comicios transparentes las relaciones de Nicaragua con los organismos financieros multilaterales no sufrirán «ningún tipo de situación en la que podamos retroceder».
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por el economista brasileño Marcello Estevao, se encuentra en Managua desde el lunes pasado para realizar la séptima y última revisión del acuerdo económico firmado con el Gobierno de Daniel Ortega en octubre de 2007.
El FMI ha desembolsado a Nicaragua 102,5 millones de dólares entre 2007 y 2010, y tiene previsto entregar 16 millones de dólares este año, según cifras del Gobierno.
El presidente del Cosep consideró que sería «una señal positiva» que las autoridades nicaragüenses firmen un memorando de entendimiento con la Unión Europea (UE) para asegurar la presencia de observadores internacionales en los comicios, lo cual, insistió, abonaría a la transparencia electoral.
Esa cúpula empresarial también está «muy interesada» en la presencia de observadores del estadounidense Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo Aguerri.
Grupos de opositores al Gobierno han acusado al titular de facto del CSE, Roberto Rivas, de organizar de forma «fraudulenta» las elecciones generales del próximo 6 de noviembre por admitir la inscripción como candidato presidencial del actual gobernante del país, Daniel Ortega, pese a que la Constitución lo prohíbe.
Ortega, quien lidera todas las encuestas de intención de voto, según las encuestas, logró optar por un segundo mandato consecutivo después de que magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia declararan inaplicable la norma constitucional que prohíbe la reelección inmediata.
La oposición, dividida en cuatro frentes, calificó de «golpe a la democracia» la candidatura de Ortega.
Unos 3.3 millones de nicaragüenses están habilitados para elegir a un nuevo presidente y a vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano.
