Con el Reglamento de Acompañamiento Electoral, el Consejo Supremo Electoral (CSE) además de violentar la Ley Electoral, eliminar el capítulo de los derechos y prerrogativas que los observadores deben tener, también violentó los derechos constitucionales de los ciudadanos, ya que eliminó el capítulo en el cual podían hacer sus quejas al proceso.
Tanto el capítulo de derechos y prerrogativas de los observadores como el de participación ciudadana, fueron contemplados en los reglamentos de observación electoral de las elecciones anteriores, mismos que eran aprobados por los actuales magistrados de facto.
El Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), integrado por 14 organizaciones de la sociedad civil, considera que el reglamento de Acompañamiento Electoral, limita el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en igualdad de condiciones en asuntos públicos y gestión estatal, haciendo uso de la participación efectiva, estipulado en el artículo 50 de la Constitución.
También consideran que se violentó el artículo 52 de la carta magna, que establece que los ciudadanos tienen derecho a hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas a los diferentes poderes del Estado.
Inving Larios, miembro del GPRE, hizo un llamado a la ciudadanía para que mediante mecanismos cívicos, como por ejemplo un recurso de inconstitucionalidad ante la arbitrariedad del CSE se pronuncie contra las arbitrariedades.
Por su parte Molina dijo que lo que busca el CSE es desestimular la participación de los nicaragüenses en el proceso electoral.
Larios señaló que las organizaciones civiles ya se están pronunciando por las vías cívicas, para hacerle ver al CSE que rechazan las decisiones que están tomando.
Agregó que la ciudadanía debe tomar conciencia y buscar los mecanismos para restaurar sus derechos, ya que cuando se agotan las vías cívicas lo que queda es la rebelión, lo cual está contemplado en el prólogo la Declaración Universal de Derechos humanos.
Harry Chávez, del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), señaló que mientras no se cambie ese reglamento y no tenga las prerrogativas y derechos de los observadores no van a solicitar la acreditación ante el CSE. Pero aseguró que harán observación sin acreditación.
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