Para el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, la compra del avión N347GA en 1.2 millones de dólares para uso personal del magistrado electoral de facto, Roberto Rivas, tiene todos los elementos jurídicos necesarios para ser rastreada tanto por la Contraloría General de la República (CGR) como por el Ministerio Público.
Sin embargo, ambas instituciones han dado la espalda a las abundantes evidencias documentales que ha publicado recientemente LA PRENSA sobre la compra de dicha aeronave por parte de Rivas Reyes.
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Las publicaciones han dejado al descubierto la vida de magnate que lleva el magistrado de facto (aliado político del presidente Daniel Ortega) y responsable del fraude en las elecciones municipales de 2008 que favoreció al gobernante Frente Sandinista.
“Hay que diferenciar bien las cosas. Una cosa es el negocio del avión, que bien puede ser entre particulares que no necesariamente tiene que ser una defraudación al Estado… aaahhh, pero la clave es saber cuál es el origen de la fuente de financiamiento de la compra. Es una necesidad nacional debido a la posibilidad de uso de bienes públicos para la compra del avión; que se determine cuál es el origen de los fondos”, señaló Novoa.
El origen de la fortuna del magistrado de facto es un asunto que adquiere ribetes de “secreto de Estado” si tomamos en cuenta que es un funcionario público con un sueldo de 5,000 mil dólares mensuales.
Rivas ha alegado que es un cafetalero exitoso, pero los bienes revelados por diversas investigaciones periodísticas sobrepasan la capacidad económica que puede alcanzar con sus ingresos.
Por solicitud del funcionario de facto, la Contraloría mantiene bajo resguardo su declaración de probidad.
Además, los contralores de facto han decidido adoptar como política, pese a las pruebas y evidencias presentadas, no iniciar ningún proceso de auditoría tanto en el patrimonio de Rivas, como en el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE). Esto para evitar crear polémica durante el desarrollo del proceso electoral que se vive en el país.
“Claro que existen indicios de un posible enriquecimiento ilícito. Pero se tiene que indagar cuál es el origen de los recursos, ya sea por medio de qué sociedades jurídicas. Ese es el candado, en este caso, que hay que romper para determinar si este negocio particular de la compra del avión fue hecho en detrimento de recursos del pueblo nicaragüense”, agregó el exprocurador.
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