Por Gloria Picón, Lucydalia Baca y Tania Sirias
El magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, justificó sin argumentos sólidos cada una de las anomalías que los partidos políticos señalaron en el proceso de verificación ciudadana, que se dio el pasado fin de semana.
Entre las anomalías mencionadas están falta de publicidad al proceso, omisión de colilla comprobante de verificación y falta de padrones de pared.
En una entrevista al oficialista Canal 8 de televisión, Rivas dijo que las colillas que garantizan que el ciudadano se verificó o que hizo cambio de domicilio no fueron entregadas porque hay organismos de observación electoral que “las compran para hostigar a las autoridades electorales”.
Aunque el magistrado de facto no explicó de qué manera se puede dar ese hostigamiento.
También expresó que el padrón electoral no fue puesto en la pared de los centros de verificación porque la ciudadanía al confirmar que están en el mismo, no llega hasta la mesa de verificación para hacer el trámite.
“La colilla no la queremos dar porque hay organismos de observación electoral que lo que menos hacen es observación, sino que son un sistema de participación partidaria, se dedican a andar comprando esas colillas para andar hostigando a las autoridades del CSE y lo que no queremos es dar ningún documento con el cual quieren andar torpedeando el proceso electoral y a las autoridades electorales”, expresó Rivas.
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), expresó que esa es solo “una justificación que se ha hecho de una omisión importante y no sabemos con qué motivo se ha omitido el documento que se le entrega al ciudadano para que tenga constancia de que se verificó”.
AMENAZA A RADIO CORPORACIÓN Y A IPADE
El sábado pasado antes del mediodía el CSE quitó la opción que tenía de verificar sus datos en el portal web. Según Rivas, la decisión la tomaron porque hubo boicot de algunos canales de televisión y emisoras de radio, señalando directamente a radio Corporación.
Rivas expresó que esos medios estaban pidiendo a la ciudadanía su número de cédulas para decirle donde le corresponde votar y con ello entorpecían el proceso de verificación que se estaba dando.
El magistrado de facto prácticamente amenazó a esos medios al señalar que lo que estaban haciendo es un delito electoral y les recordó el Reglamento de Ética Electoral que prácticamente es un bozal a los medios.
Rivas también dijo que había conocido que el Ipade andaba haciendo de las suyas con algunos listados, “que no sabemos de dónde los sacó, esperemos que no sea de la compañía que manejaba antes el sitio oficial del CSE”, expresó Rivas.
Sin embargo, Zúñiga señala que lo que los 1,200 observadores del Ipade andaban era un instructivo con el cual le preguntaban a la gente ¿cómo los habían atendido? ¿qué tipo de trámite había hecho?
“Lo que andábamos haciendo es una especie de monitoreo del trabajo que una institución pública está realizando. No sabemos por qué ha estado rodeado de secretismo, cuando esta actividad por su naturaleza debe estar rodeada de la mayor publicidad”, indicó Zúñiga.
El director del Ipade negó cualquier interés en andar hostigando a los funcionarios del CSE y menos entorpecer un proceso. “Al contrario, todo lo que hemos hecho es contribuir a generar confianza en el sistema electoral, pero estas acciones de secretismo, de limitar el acceso a los observadores y echarles la Policía, constituyen una actitud de poca transparencia”.
El magistrado de facto mantuvo que el proceso superó las expectativas, que eran de entre un 22 y 23 por ciento como históricamente ha sido. Indicó que la participación fue de más del 50 por ciento.
VERIFICACIÓN FUE UN FRACASO
No obstante, organismos y partidos políticos que observaron el proceso señalan que la concurrencia de la ciudadanía fue mínima.
“Decir que uno de cada dos nicaragüenses acudió a la verificación es una absoluta mentira. Basta comprobarlo con que los familiares se volteen a ver para saber que eso no es cierto”, dijo Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia.
Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial de la alianza PLI, calificó la verificación ciudadana como “un acto plagado de irregularidades”. Pero hizo un llamado a la población a que hagan caso omiso a estas ilegalidades y que acudan a las urnas electorales este 6 de noviembre, pues la abstención solo favorece al presidente Daniel Ortega.
Gadea dijo que le extrañó que el presidente Ortega dijera que según los informes que le habían llegado, la verificación había sido masiva en todo el país, mientras que todos los recintos parecían cementerios.
En cuanto a que no se permitió la presencia de fiscales en los centros de votación, porque según Rivas son trámites administrativos, Courtney expresó que aunque los trámites sean administrativos eso no significa que no sean fiscalizables.
“Todo lo que hace el aparato electoral de cara a habilitar a los votantes, ya sea verificar dónde van a votar, debe haber fiscalización para hacer más transparente el proceso. Este ejercicio de verificación se va a considerar exitoso en la manera de demostrar a la ciudadanía quién manda en las Juntas Receptoras de Votos y aquí quedó claro que quien manda es el partido de gobierno, llegando incluso hasta el final del conteo de votos”, dijo Courtney.
Según Rivas, los partidos políticos tendrán la oportunidad de auditar el padrón y aseguró que el 9 de agosto el padrón electoral estará pegado en las paredes de los Centros de Verificación para que cada ciudadano compruebe que realmente está en el padrón.
Ante las críticas de que el proceso de verificación no fue muy divulgado, Rivas mantuvo que la publicidad del proceso le convenía realizarla a los partidos políticos y que para eso estaba en el calendario electoral.
“Si soy un partido o alianza debo hacer campaña para que mis afiliados vayan a verificarse, tuvo suficiente divulgación, los mismos medios por estar cuestionando el proceso le dieron suficiente publicidad”, justificó Rivas.
MÁS DENUNCIAS
La alianza PLC denunció que su presidente municipal en San Francisco Libre, Leonel Morales Blanco, fue arrestado arbitrariamente, por denunciar la “parcialización de los agentes de la Policía Nacional” en el proceso.
Según Morales, sus reclamos por la ausencia del padrón electoral, que en otros años se acostumbraba pegar en la pared del centro de verificación y por el protagonismo de agentes de la Policía en el proceso, molestaron a los agentes que lo arrestaron.
Otra de las irregularidades de esta verificación es que intentaron quemar la casa de campaña de la alianza PLI, en León, luego que el diputado Carlos Langrand protestara por la presencia de Rivas en la ciudad. “En Yalagüina, municipio de Madriz, los miembros de los CPC expulsaron a golpes a los fiscales de la alianza PLI. Todo esto lo hicieron con el objetivo de que la gente no acudiera a la verificación ciudadana”, dijo Gadea.
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