De más de 200 casos vinculados al delito de corrupción que investigaron las instituciones correspondientes del Estado, en su mayoría fue contra funcionarios de gobiernos anteriores y en menor escala los hechos cometidos durante el actual gobierno.
Así lo reconoció la secretaria ejecutiva del Ministerio Público, doctora Delia Rosales, al momento de anunciar la creación de la base de datos denominada “Sistema de Anticorrupción Interinstitucional (SAI)”, la cual será manejada por esa institución junto a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional.
“De los 200 y pico (de casos) tenemos del gobierno anterior y en menor escala, bastante menor escala, casos de este gobierno, tal vez de funcionarios menores, porque estamos hablando que de los 200 y picos estamos contemplando casos de 2009, 2010 y ahorita estaríamos actualizando lo que va para el 2011”, explicó Rosales.
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UNOS EN INVESTIGACIÓN
De esos casos en mención, aclaró la secretaria ejecutiva de la Fiscalía, unos están en fase de investigación, pero casi la mayoría está en fase procesal, “es decir que ya hemos acusado en los tribunales de justicia en los cuales tal vez ha recaído amparo o que ya están en sentencias condenatorias”.
“Y por supuesto en lo que va de 2011 ya ahí se van a incorporar los casos que están en conocimiento oficialmente de las instituciones, o sea los casos que están trabajándose en investigación o que ya hayan pasado al Ministerio Público para la toma de decisión acerca si se va a ejercer o no la acción penal”, sostuvo Rosales.
Con respecto a denuncias de presunta corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI), donde públicamente ha habido señalamientos al extitular de esa cartera, Walter Porras, así como el más reciente donde se sospecha corrupción como es el de la cárcel Modelo, del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), serán incorporados en este sistema.
Sin embargo, estos son los últimos casos públicos donde se sospecha corrupción, pues desde inicios del gobierno de Daniel Ortega se han señalado una serie de casos como el manejo de los fondos de Albanisa, préstamos irregulares en el Seguro Social, adjudicaciones también sospechosas de licencias del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor) a allegados a Ortega, contratos estatales de vigilancia, contrataciones irregulares por parte del Aeropuerto Augusto C. Sandino de la empresa de maletín Empreconsa, favorecida con una compra por casi un millón de dólares y el enriquecimiento del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, entre otros.
No obstante, Rosales dijo no tener preciso el dato sobre los casos que incorporarán en 2011, pero que esperan lograrlo con el sistema.
“Queremos saber como sistema cuántos casos realmente de corrupción tenemos en Nicaragua, cuál es el tratamiento que le estamos dando y en qué estado están esos casos”, expresó la funcionaria. Rosales señaló que el sistema les servirá como control a las tres instituciones y será una ventaja en la persecución penal.
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