Mabel Calero/ Corresponsal/ Carazo.- La juez del Juzgado Local de Diriamba, María Auxiliadora Chavarría, declaró culpables a siete de las ocho personas implicadas en la obstrucción de las funciones de la Policía de Carazo en concurso con el delito de hurto, tras la entrega de los bienes en depósito de la banda conocida como “Los Guachinangos”.
Los hechos se dieron el pasado primero de junio, cuando la Policía de Carazo iba a ser entrega de los bienes de la familia Corea Mendoza a la Universidad Agraria (UNA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ejército de Nicaragua, cuando un grupo de 60 personas trató de impedir la entrega.
Los implicado en el hecho son: Álvaro José Parrales Gago, Flor de Liz Artola Alemán, Rosa Argentina Artola Alemán, Nelly María Medal, Leticia Corea Mendoza, Julissa Magnolia Rugama Ramírez, Héctor Porfirio Aguilar Baltodano y Ana María Selva, esta última declarada no culpable, tras no comprobar su participación.
EL HECHO
“Se constituye un hecho probado que el día 1 de junio (2011) aproximadamente a las 3:00 p.m., mientras el jefe de Auxilio Judicial de la Policía de Carazo daba cumplimiento al oficio emitido por el juez de Distrito Penal de Diriamba, Johnny Andino, para la entrega de un ganado en las fincas El Tamarino y El Cubano, al pasar por el punto que divide Huehuete con Casares fueron interceptados por un grupo de 60 personas, que colocaron objetos para obstruir el paso de los vehículos”, dijo la juez.
La denuncia fue hecha por el comisionado mayor y jefe de la Policía de Carazo, Buenaventura Miranda y el subcomisionado, jefe de Auxilio Judicial, Rodolfo Celestino Vásquez Romero.
Aunque la Fiscalía dijo que había una duda razonable para implicarlos en el delito de hurto, Pablo Morales, representante de la Procuraduría, indicó que en el acopio de las Paneras ubicado en Casares, hubo sustracción de objetos, lo que era un hecho punible, por lo cual debía de haber fallo de culpabilidad.
En el debate de la Pena la Fiscalía solicitó la pena mínima en el delito de hurto que es de 6 meses, y año y medio por el delito de obstrucción de funciones, para un total de 2 años, sin embargo los defensores solicitaron la suspensión de la pena por no tener los acusados antecedentes penales. La lectura de la sentencia será el próximo 6 de julio.
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