Por Edgar Calderón
GUATEMALA/AFP
Los gobernantes de Centroamérica culminarán este jueves en Guatemala una reunión con países y organismos cooperantes, con la discusión de las bases financieras para su nuevo plan estratégico, que busca impedir que la región sea bastión del narcotráfico.
El plan, que contempla 22 proyectos en prevención y represión del crimen, busca dotar de mayores niveles de seguridad a la región que según la ONU es la más violenta del mundo (exceptuando las zonas de guerra), y que ha sido puesta en jaque por los carteles de drogas y las temidas maras o pandillas.
Hasta ahora los organismos internacionales prometieron 1.500 millones en créditos para esta cruzada, y Estados Unidos anunció una ayuda adicional por 40 millones, que se suma a otros 260 millones aprobados previamente.
En la jornada final de esta conferencia de dos días, a la que el miércoles asistió la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, los mandatarios del istmo escucharán a los delegados de países y organismos cooperantes, que podrían ofrecer nuevos recursos contra el crimen.
Al cónclave asisten gobernantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como los presidentes Felipe Calderón (México) y Juan Manuel Santos (Colombia), cuyos países acordaron planes especiales con Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico.
Los asistentes intentan contener a los cárteles de la droga que buscan en Centroamérica una vía alternativa a México para llevar la cocaína sudamericana a Estados Unidos, luego de que el gobierno mexicano lanzara una ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006.
Los cárteles de drogas y las pandillas amenazan a toda la región, pero afectan sobre todo al Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), donde las cifras de muertos por violencia son las más altas del mundo, según la ONU.
Las cifras de homicidios en Guatemala superan los niveles de la guerra civil de 1960-1996, con más de 5.500 asesinados al año. El récord lo tiene Honduras, con 58 asesinados al año cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador, con 52, y Guatemala, con 48.
Sin embargo, las tasas de delitos van en aumento también en países con menos criminalidad, como Costa Rica.
Clinton y el enviado de la Unión Europea advirtieron que los países del istmo deben adoptar reformas fiscales para conseguir más recursos para la lucha contra la inseguridad, principal problema de los 40 millones centroamericanos, según los sondeos.
Se necesita «una reforma fiscal en los países centroamericanos para poner a disposición de la seguridad y justicia mayores recursos financieros extraídos de los presupuestos nacionales», dijo el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht.
Los empresarios y las clases privilegiadas de América Central «deben pagar su parte de los impuestos y convertirse en socios integrales en este esfuerzos que debe ser de la sociedad como un todo. La seguridad no puede ser financiada por los pobres», afirmó Clinton, quien estuvo en Guatemala menos de cuatro horas.
Todos los intentos recientes de reforma fiscal han fracasado en Guatemala, mientras en Costa Rica, donde la evasión llega al 70%, parece improbable que el Congreso apruebe un proyecto de la presidenta Laura Chinchilla destinado a bajar el elevado déficit público (5% del PIB en 2011 por segundo año).
Clinton anunció en el cónclave un aporte de 40 millones de dólares en ayuda estadounidense para la seguridad en el istmo, que se suman a otros 260 millones dispuestos previamente para este año.
Además, el Banco Mundial ofreció 1.000 millones de dólares para el plan de seguridad, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otros 500 millones.
En ambos casos se trata de créditos que deberán ser pagados algún día por países que -como Nicaragua, Honduras y Guatemala- requieren cada año de donaciones externas para financiar parte de su presupuesto.
En los últimos tres años, América Central recibió 490 millones de dólares en cooperación internacional para seguridad y lucha contra el crimen, de un total de 1.335 millones comprometidos para ese fin con la región, según un estudio del BID y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
