La demanda universitaria de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia toma más fuerza, al conocerse que solo en el 2010 unos 3,872 adolescentes infringieron la ley, según datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De este total de delitos, alrededor de 2,866 fueron adolescentes entre 16 y 17 años.
Entre los principales delitos cometidos están los robos agravados, las lesiones, robos con fuerza y asesinatos, según datos de la CSJ a los que se refirió Marvin García, coordinador de la Unidad Técnica de la Coordinadora de la Niñez (Codeni).
Ayer los universitarios volvieron a las calles en demanda de la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, para evitar que menores de 16 años que cometen delitos graves solo cumplan pocos años de cárcel.
Evans Omar Ponce (21), estudiante de Arquitectura, perdió la vida a manos de un grupo de quinceañeros que intentaron robarle su celular en las cercanías de la Universidad Centroamericana (UCA) el pasado 13 de mayo.
Los manifestantes demandan que se reformen los artículos 202 y 203 del Código de la Niñez y la Adolescencia en los que se establece como pena máxima seis años de cárcel.
La demanda universitaria es que se aumente a 15 años las penas máximas para los adolescentes infractores.
“Queremos que se establezcan al menos 15 años como pena máxima y que los adolescentes involucrados en crímenes se procesen como adultos”, enfatizó José Ruiz, estudiante de cuarto año de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
El diputado liberal Wilfredo Navarro, primer secretario de la Asamblea Nacional, recordó que desde el 2002 existe una iniciativa de ley en el parlamento que plantea la reducción de la edad (a 14 años) para procesar a los adolescentes que infrinjan la ley; asimismo se plantea el incremento de las penas.
“Es más sencillo y toma menos tiempo retomar esta iniciativa de ley que aún no ha sido dictaminada, que reiniciar todo un proceso de elaboración y consulta de la propuesta de reforma al Código de la Niñez”, señaló Navarro.
Con esto se evitaría incluso que adultos induzcan a menores de 16 años a cometer delitos, según Navarro.
Por su parte, García insistió en la necesidad de implementar políticas sociales encaminadas a la reducción de la violencia en las familias y comunidades, consumo de drogas y licor, y el aumento en la tasa de escolaridad promedio en el país.
Todas estas son las causas que según la CSJ inducen a los adolescentes a cometer delitos.
No obstante, Navarro aseguró que la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia tiene que acompañarse con la implementación de políticas sociales a largo plazo.
El objetivo principal de la justicia especial es que los adolescentes y jóvenes de entre los 13 años cumplidos y los 18 no cumplidos no vayan a la cárcel cuando cometan delitos, sino que sean reeducados y preparados para reincorporarse a la sociedad.
- El servicio militar obligatorio “sin armas” para jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas, promovido por el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, el miércoles, no solucionará el problema de la delincuencia en el país, manifestaron ayer analistas que consideraron la propuesta un “mal anuncio”.
El politólogo Antonio Uribe expresó que la propuesta luce “improvisada” y deja más dudas que respuestas ante cuestiones como cuáles serán los mecanismos de control para que los jóvenes no sean maltratados dentro del ejército.
Por su parte, el analista Roberto Cañas, exintegrante de la antigua guerrilla FMLN —partido de Gobierno—, indicó que “en lugar de hacer anuncios de aumentar soldados” el Ejecutivo debería aumentar la cantidad de policías disponibles.
Según Cañas, la propuesta presidencial está dirigida “a hacer una guerra en contra de la delincuencia, que si se ve en el espejo mexicano, es suficiente para pensar que es una crónica de un fracaso anunciado”. Agregó que la iniciativa “va en contra del espíritu” de los Acuerdos de Paz de 1992.
EFE
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Desde noviembre del año 1998, cuando se comenzó a impartir la justicia penal de adolescentes, hasta en agosto del pasado 2010, en los juzgados del país se han tramitado un total de 42 mil 358 causas de adolescentes, según revela un informe de la CSJ.
Se han dictado dos mil 347 sentencias de responsabilidad penal a los adolescentes, de las cuales 150 han sido de orientación, 58 de amonestación y advertencia, 292 de libertad asistida (el adolescente tiene que estar matriculado en la escuela), 139 de servicio a la comunidad, 47 de reparación de daños.
También 79 sentencias que ordenan instalarse en una residencia lejana de donde se cometió el delito, 230 de alejarse de las víctimas, 242 de no asistir a bares, 179 de matricularse en centros educativos, 76 de incluirse en programas ocupacionales, 185 de no ingerir licor y 37 de internarse en albergues.
Además, 54 sentencias han sido de detención domiciliar y 217 en cárceles para adolescentes.
En todo el país existen 18 Juzgados Penales de Adolescentes, dos en Managua, y con excepción de San Carlos, Río San Juan, uno en cada cabecera departamental, y uno, en el Triángulo Minero (Siuna).
Opiniones encontradas ante planteamiento de reforma del Código de la Niñez
Especialistas en el tema de la niñez y defensores de derechos humanos coinciden mayoritariamente en desestimar el endurecimiento de penas para los adolescentes que delinquen como una forma correccional.
La procuradora especial de la niñez, Norma Moreno, se opuso a una posible reforma del Código de la Niñez. Apuntó que casos graves donde participan adolescentes son aislados. Los anuarios estadísticos de la Policía demuestran que, de la totalidad de delitos que se cometen en el país, no se ha pasado del 11 por ciento, y de esta proporción entre el dos y cuatro por ciento son delitos graves cometidos por los adolescentes, dijo Moreno.
“No hay suficiente sustento jurídico ni social para el endurecimiento de penas, además que estaríamos retrocediendo con los compromisos internacionales asumidos voluntariamente por el Estado de Nicaragua”, aseguró Moreno.
VIEJA DEFENSA
El exprocurador de la niñez, Carlos Emilio López, coincide con Moreno en que no es conveniente una reforma al Código de la Niñez, y este fue más allá en sus argumentos, pues afirmó que para ello se tendría que reformar la Constitución, la que establece en su artículo 35 que los jóvenes deben tener una justicia especializada.
El otro argumento de López es que en el artículo 71 la Constitución reconoce la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 40 establece que las personas menores de 18 años deben ser juzgadas de forma distinta a los adultos. La convención fue ratificada en 1990 por Nicaragua y elevada a rango constitucional en 1995.
López indicó que, además, en los países donde se ha bajado la edad penal es donde los adultos que utilizan a los menores para sus acciones delictivas siguen usando a otros de menor edad. La solución está, dijo López, en sancionar a los adultos “que utilizan a los chavalos”.
Señaló que se denota un desconocimiento del código; por ejemplo muchos consideran que saldrán libres porque son menores de 18 años. El código dice que una persona es responsable penalmente a partir de los 13 años.
El funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, señaló que, aunque es legítimo el reclamo de justicia que hacen los universitarios tras el crimen contra el estudiante Evans Omar Ponce, también existen otros hechos que deben ser castigados, como las muertes violentas contra mujeres.
ESTADO VIOLENTO
A criterio de Carrión, de incrementarse las penas solo se estaría trasladando el problema a las cárceles, que están saturadas. Y lo que deben hacer es aplicar políticas integrales. Para Carrión, esto no debe desvincularse del problema de seguridad que enfrenta el país, sobre todo porque “estamos más bien frente a un Estado que fomenta la violencia, porque hay grupos que están autorizados para utilizar violencia y no pasa nada”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Marcos Carmona, también es de la opinión de no revisión del Código. Para endurecer las medidas carcelarias debería haber una revisión integral del Código de la Niñez y sobre todo cuando a la niñez y adolescencia no se les ha garantizado condiciones mínimas. “Más bien se les ha promovido pertenecer a pandillas”, expresó Carmona, quien agregó que es necesario que a los menores se les brinden las condiciones necesarias para que no delincan.
Claudia Paniagua, de la Fundación Nicaragua Nuestra, difiere respecto a los otros defensores de derechos humanos. “Pienso que el Código de la Niñez y la Adolescencia merece una revisión, en especial en el punto de las penas. Desgraciadamente muchas veces adultos criminales utilizan a adolescentes como medio para cometer actos delictivos amparados en la ley y en que las penas no son altas”.
Paniagua, cuya fundación impulsa proyectos para reinsertar a jóvenes en riesgo a la sociedad, señaló que a muchos jóvenes a quienes en los tribunales se les aplica la sentencia máxima de seis años de cárcel, alegando sus defensas buena conducta, logran sacarlos de la cárcel después de guardar prisión tres años.
“Hay adolescentes y jóvenes menores de 18 años que también cometen crímenes atroces y planificados amparados en la bondad del código”, señaló Paniagua, quien aclaró: “No soy abogada, pero pienso que la ley debería contemplar agravantes”.
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