ACAN-EFE
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) denunció hoy que en 2010 se «profundizó» el deterioro de los derechos civiles y políticos con el Gobierno de Daniel Ortega, aunque reconoció una «leve mejoría» en derechos económicos y sociales.
En su informe anual el organismo no gubernamental aseguró que en 2010 se profundizó «la persecución política», se disminuyó la libertad de expresión y se limitaron las manifestaciones ciudadanas.
«Se ha profundizado la persecución política, la falta de participación ciudadana, la exclusión, no hay derecho sin riesgo a la manifestación y la libertad de expresión está muy disminuida», sostuvo en rueda de prensa la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
«O sea, hay un deterioro abierto en materia de derechos civiles y políticos», alertó.
Otros problemas de derechos humanos registrados en 2010, según ese organismo, son el irrespeto a las leyes, a la Constitución y la falta de independencia del Poder Judicial «que se ha convertido en un instrumento hasta cierto punto para premiar y castigar a adversarios y para satisfacer las aspiraciones de la reelección inconstitucional y ilegal» del presidente del país, Daniel Ortega.
La oposición ha calificado de «golpe a la democracia» la candidatura de Ortega, quien logró optar por un segundo mandato consecutivo después de que magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia declararan inaplicable la norma constitucional que prohíbe la reelección inmediata.
La activista de derechos humanos también mencionó «la falta de credibilidad» que tiene el Consejo Supremo Electoral (CSE), que organizará los próximos comicios generales e integrado por magistrados con períodos vencidos y que se mantienen en sus cargos amparados en un decreto de Ortega, considerado como «ilegal» por distintos sectores.
Asimismo, Núñez acusó al Gobierno sandinista de haber «debilitado» la autonomía municipal y de «invadir la esfera de competencia de la Policía Nacional, al extremo que tiene interferido el accionar de esa institución» en detrimento de su directora, Aminta Granera.
El organismo, integrado por miembros de la sociedad civil y críticos con el Ejecutivo, señaló que «la prueba más evidente de que Nicaragua está perdiendo credibilidad y está señalado como un Estado violador de los derechos humanos» es que no fue electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de la ONU eligió el viernes pasado a Chile, Costa Rica y Perú como nuevos miembros del CDH para el período 2011-2014, mientras que Nicaragua se quedó fuera al no reunir los apoyos necesarios.
Chile logró 159 votos, Costa Rica 138 y Perú 136, mientras que Nicaragua obtuvo 98.
Núñez recordó que el Gobierno de Ortega no ha acatado parte de las 109 recomendaciones que en 2010 hiciera ese Consejo.
El Cenidh valoró, sin embargo, que existe una «leve mejoría» en materia de derechos económicos y sociales, «producto de esas migajas y programas muy puntuales que con fin electoral impulsa» el Gobierno de Ortega, referido a entrega de un bono salarial, otro productivo, casas populares, entre otros.
