ANÁLISIS
A efectos de ilustración solamente, si exportáramos una pequeña fracción del excedente de las aguas del Cocibolca (unos 10 metros cúbicos por segundo) al sediento El Salvador y a Guanacaste, en el norte de Costa Rica, y si Nicaragua recibiera en el escenario de peor remuneración un único dólar de utilidad neta por cada metro cúbico de agua así vendido, hablamos de un negocio cuya ganancia diaria sería de US$864,000, al menos US$315 millones anuales, con lo que podría Nicaragua costear y garantizar el acceso al agua segura y saneamiento al 100 por ciento de la población nacional urbana y rural, y muchas otras metas del milenio que hoy están fuera de consideración por falta de recursos económicos. No es fantasía utópica, sino posibilidad real y está al alcance de nuestra voluntad.
Independientemente que los mandatos de ambas leyes ( 620 Ley General de Aguas Nacionales y 699 Ley Creadora de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica de los lagos Apanás, Xolotlán, Cocibolca y río San Juan ) se dupliquen o no, y que la letra de la Ley difiera el espíritu y propósito de ambas previsiones es el mismo: organizar e implementar el Plan de Gestión Integral en la Cuenca de los Grandes Lagos y el Río San Juan.
Aunque dos leyes deberían ser mejores que una, el problema de fondo es que ninguna está siendo aplicada.
El necesario Plan de Gestión Integral, como instrumento de administración al servicio del aprovechamiento racional y la protección para conservar, solamente ha sido enunciado de forma general, y no existe aún consenso nacional de cómo organizarlo, ni ha sido facultada una estructura operativa con los recursos necesarios.
Sabemos que contamos con un preciado tesoro, que tenemos el compromiso de usarlo sabiamente y además conservarlo para su uso indefinido, pero pasivamente hemos postergado el cumplimiento de esta obligación mientras la degradación ambiental continúa y cada día perdemos más opciones para su uso.
Es en este injustificable e incoherente vacío de acciones de protección que la aparición de iniciativas para construir proyectos faraónicos de alto riesgo (por ejemplo, la desastrosa iniciativa del proyecto hidroeléctrico Brito) constituyen un peligro cuyas consecuencias podrían acabar con las ventajas comparativas que Nicaragua presenta hoy para el desarrollo de las grandes soluciones económicas y sociales ambientalmente sostenibles.
Paradójicamente, algunas de las alternativas para el uso óptimo de las aguas de los grandes lagos han sido mencionadas tímidamente de forma reiterada desde hace décadas sin que aún exista propuestas estructuradas: agua potable, riego, pesca artesanal y deportiva, desarrollo del turismo, foso de diversidad biológica, generación hidroeléctrica a baja escala.
La UNAN-Managua propone la creación de Reserva de Biosfera Gran Lago Cocibolca.
El Gobierno y posibles inversionistas externos interesados tienen la oportunidad de considerar el desarrollo de estas opciones de buen negocio para unos y de claro bienestar nacional general fundamentadas en su aprovechamiento sostenido, para cuya implementación no resulta necesario modificar con severos e irreversibles impactos de gran magnitud ecosistemas y poblaciones humanas.
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