Por Lucía Navas y Elizabeth Romero
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, aseguró que el presidente Daniel Ortega “no necesita” que se pidan “coimas” en las instituciones estatales para obtener fondos para su campaña electoral, en la que busca su reelección ilegal.
Sin embargo, el funcionario dejó entrever que estas denuncias que han hecho los mismos empresarios sandinistas son parte de las investigaciones que realiza la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional en la Dirección General de Ingresos (DGI).
Aunque también Guevara reaccionó en contra de los empresarios sandinistas que hacen la acusación.
“Si a ellos les gusta dejarse estafar, que se dejen estafar”, dijo Guevara en referencia a las denuncias hechas por empresarios sandinistas sobre la práctica detrás de la que estarían miembros del partido gobernante con funcionarios públicos.
FISCAL POR FIN REACCIONA
Mientras tanto, ayer también el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, aseguró que han sostenido contactos con la Contraloría General de la República (CGR), tras conocer que esa institución ha determinado realizar una auditoría sobre las sospechas de defraudación con las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la DGI.
Y aunque el fiscal aseguró que la Policía Nacional no les ha remitido ninguna copia de la investigación realizada en esa institución, es de su conocimiento que “la Policía parece haber concluido su investigación” en el caso de la DGI.
A criterio de Centeno, en este tipo de investigaciones “nadie mejor que la Contraloría con su ejército de contralores, auditores, los que van a determinar eso; de todas maneras siempre tendríamos que estar recurriendo nosotros a ellos”.
LA PRENSA reveló que un informe de la Dirección General de Auxilio Judicial Nacional (DAJ) establece que Walter Porras y varias personas allegadas a él crearon una red que habría cometido fraude contra el Estado con al menos 67.5 millones de córdobas.
Esta red ofrecía a diferentes empresas la devolución del IVA sin tener que cumplir con el procedimiento debido, pero solamente le iban a entregar al contribuyente beneficiado el 40 por ciento del monto, ya que el restante 60 por ciento sería para “el pago de los contactos en la DGI”.
Entre los miembros de dicha red se menciona al empresario sandinista Erick Chavarría Herrera, propietario de Creaciones Publicitarias. Pero este aseguró a LA PRENSA que gestores vinculados al gobernante Frente Sandinista se encargaban de pedir “coimas” para la campaña presidencial del FSLN, a cambio de agilizar devoluciones de IVA en la DGI.
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MILLONES DISPONIBLES
Aunque el ministro Guevara salió en defensa de Ortega y su partido al negar que avalen la práctica de pedir “coimas” para financiar la campaña electoral, dejó entrever que es una de las situaciones que tratan de esclarecer relacionadas a lo que se estaba cometiendo en la DGI.
“El presidente Ortega no necesita de coimas. No necesita de eso. El presidente Ortega es una opción ganadora”, afirmó Guevara.
Según Guevara, su partido Frente Sandinista no requiere de esta práctica porque ven segura la reelección ilegal de Ortega, porque “así el pueblo lo ha decidido y porque los resultados de su Gobierno están llevando a tener resultados claros, palpables en la lucha contra la pobreza”.
Debemos recordar que Ortega tiene a disposición recursos millonarios del acuerdo petrolero con Venezuela, que los maneja de manera discrecional. Solo este año Alba-Caruna, la cooperativa de ahorro que opera esos fondos, canalizará unos 395.45 millones de dólares. Fondos que Ortega usa paralelo al Presupuesto de la República, para no rendir cuentas.
El ministro Guevara dijo, no obstante, que todos los señalamientos que se hacen, como el de las “coimas”, son parte de los “procesos que están en investigación” de parte de la Policía Nacional, y cuyos resultados en su momento el Gobierno los hará público.
“Quien tenga que pagar algo por incumplir lo pagará. Así de sencillo”, dijo Guevara, no descartando que con base en los resultados de la investigación policial se tomarán las decisiones sobre acusar en los tribunales a quienes resulten responsables de algún delito.
ACUSARÁN A PORRAS
Por su parte, el secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva Sánchez, anunció que esa organización introducirá esta semana una denuncia en contra del exdirector de Ingresos, Walter Porras Amador, para que sea investigado por la Fiscalía.
En su alegato, dijo Leiva Sánchez, recordará a la Fiscalía que el recurso de amparo como el introducido por Porras ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) no es procedente cuando los delitos ya han sido consumados.
En el informe policial se menciona alrededor de 20 empresas sandinistas que se beneficiaron con devoluciones del IVA, supuestamente de manera fraudulenta; aunque el empresario Chavarría Herrera afirmó que en los siete días que estuvo detenido en la DAJ se le mostró información donde habría unas 500 empresas involucradas.
A Chavarría se le señala como el supuesto cabecilla de la red que se dedicaba a gestionar devoluciones del IVA de manera fraudulenta y en la que estarían involucrados funcionarios de la DGI, entre ellos el propio Porras.
Chavarría aceptó en entrevista con LA PRENSA que tanto su socio William Antonio Herrera Pavón como los gestores Harvy Guzmán y Denis Álvarez gestionaron a su favor unos diez millones de córdobas en devoluciones, de los cuales solo un millón recibió.
Guzmán y Álvarez aparecen mencionados en algunas investigaciones ligados al exjefe de la Seguridad del Estado sandinista, Lenín Cerna Juárez.
Es de destacar que en los últimos días se ha señalado que el destape de los casos de corrupción en la DGI, así como en la Dirección General de Aduanas (DGA) y otras instituciones, está vinculado a las pugnas internas entre el secretario personal del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, y el coronel en retiro Cerna Juárez, destituido del cargo de secretario de Organización del partido oficialista.
Ayer se conoció extraoficialmente que ambos habrían sido sentados en la Secretaría y residencia personal de la familia presidencial. Según las fuentes, la reunión se realizó el pasado fin de semana y en la misma habrían estado presentes la pareja presidencial, Moncada Lau y Cerna Juárez. Aparentemente trataban de llegar a acuerdos, dado que el caso trascendió públicamente.
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