La Contraloría General de la República (CGR) aprobó la correcta ejecución presupuestaria en el Consejo Supremo Electoral (CSE) en el 2009, basándose en informes de una auditoría realizada por los especialistas del ente fiscalizador.
Esta auditoría habría reflejado que el organismo electoral manejó correctamente sus finanzas en ese año, de acuerdo con los informes de los auditores de la CGR.
Sin embargo, los resultados de esta auditoría provocaron discusiones entre los cinco contralores colegiados.
Mientras los contralores orteguistas Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciacq promulgaban porque finalmente se aprobarían los resultados de la auditoría, los contralores liberales Lino Hernández y Guillermo Argüello Poessy insistían en que no era conveniente para el ente fiscalizador resolver casos relacionados con el CSE, hasta después de las elecciones de noviembre próximo.
Fue este mismo argumento el que usaron los contralores orteguistas para bloquear la realización de una auditoría especial en las arcas del CSE, luego de que una investigación periodística devenida de una filtración de documentos, a los que tuvo acceso El Nuevo Diario, descubriera que el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, sacó 407 millones de córdobas de la institución bajo el concepto de “anticipos por justificar”, entre 2004 y 2008.
Sin embargo, ahora los contralores orteguistas consideraron que ese argumento no tenía validez y con el apoyo de un contralor de tendencia liberal, Mario Fulvio Palma, aprobaron los resultados de la auditoría, derrotando los votos en contra de Hernández y Argüello Poessy.
INVESTIGACIÓN PENDIENTE
Todavía no existe una investigación formal acerca del uso de los 407 millones de córdobas que el CSE utilizó discrecionalmente y luego soportó con documentos alterados.
Las anomalías en el CSE, junto con las irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI) y los contratos anómalos aprobados por el Aeropuerto de Managua son parte del paquete de casos por el cual los contralores serán citados por la comisión de probidad de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada aliada del gobierno, Miriam Argüello.
La cita, que inicialmente estaba prevista para hoy jueves, fue postergada para una fecha aun no determinada, a petición de los contralores.
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