El Ministerio Público no vio ninguna prueba y desestimó las denuncias contra la Administración orteguista de la Alcaldía de Managua en el caso de malversación de 157 cheques emitidos por sus autoridades superiores y de los cuales únicamente se han investigado 31 cheques que juntos suman el robo de 3.5 millones de córdobas.
La denuncia por malversación, peculado y tráfico de influencia fue interpuesta por el concejal liberal Leonel Teller, en contra de la alcaldesa designada en Managua, Daysi Torres, y del secretario general de la comuna y firma libradora, Fidel Moreno.
La denuncia entregada a la Fiscalía el pasado 24 de marzo también se estableció en contra de la entonces directora de relaciones públicas e internacionales, Loyda García, así como en contra de Jairo Palacios, asistente de Moreno. Pero en un mes todo terminó.
“Se dio una sustracción del erario, pero no de parte de los funcionarios que en algún momento denunció el señor Teller”, dijo en medio de confusos argumentos la fiscal Georgina Murillo, quien ayer brindó una conferencia de prensa en la Alcaldía de Managua para salvar el honor de Moreno y compañía.
La conferencia de prensa fue convocada a las 2:00 p.m., pero fue hasta las 3:00 p.m. que la brindaron. Sin embargo, la resolución fue notificada oficialmente al concejal denunciante a las 2:30 p.m. Media hora después, Murillo apareció con Torres y Moreno para anunciar que el caso de los cheques “ya fue objeto de un proceso investigativo y ya fue objeto de un proceso judicial”. Es decir, que ya es un asunto juzgado por el cual solo se condenó a los trabajadores municipales de rango menor: Germán Palacios y Mario Cortez.
“No hay ningún elemento de convicción que acredite la participación de manera material o intelectual de parte de los señores Daysi Torres, Fidel Moreno, Loyda García y Jairo Palacios, que establece el señor Leonel Teller”, dijo Murillo.
Luego de las declaraciones de la fiscal, Moreno dijo que esa resolución del Ministerio Público servirá de “insumo” en la acusación que la misma Administración orteguista de la Alcaldía de Managua mantiene contra Teller y el concejal conservador Luciano García.
DENUNCIADOS AHORA USARÁN A FISCALÍA
“Mientras los señores Teller y García no se retracten de sus irresponsables declaraciones, vamos a seguir con la querella en los juzgados de Managua (…) Todo el proceso que se ha desarrollado y la información que nos ha dado la doctora (Murillo) son contundentes en relación a los señalamientos, pero en una actitud politiquera e irresponsable, los señores Teller y García han seguido la lógica de la difamación”, confirmó Moreno.
Ambos ediles fueron acusados por injurias y calumnias porque, de manera separada, solicitaron la ampliación de las investigaciones en el caso de los 157 cheques.
Esas emisiones contaron con el visto bueno y la firma de Moreno y del administrador general de la municipalidad, Rolando Reyes. Sin embargo, ninguno de ellos fue llamado a comparecer durante el proceso judicial.
Los concejales denunciados han defendido que las acusaciones por injurias y calumnias son una “pasada de cuentas” porque ambos han sido los más sistemáticos en solicitar la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos municipales.
FISCAL YA LOS HABÍA “LIMPIADO” EN TELEVISIÓN
La fiscal Murillo, quien en declaraciones a 100% Noticias ya había librado de cualquier responsabilidad a los denunciados desde hace una semana, también desestimó el delito de tráfico de influencias.
Según dijo la directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, los extrabajadores municipales condenados por el caso de los cheques admitieron durante la parte inicial del proceso que ellos sustrajeron el dinero porque la comuna no les dio un aumento de salario.
Pero durante las últimas comparecencias de ambos trabajadores, ellos señalaron que habían recibido órdenes directas de desviar los 3.5 millones de córdobas.
Durante el proceso judicial, Germán Palacios y Mario Cortez Urrutia, los dos procesados, sostuvieron que las solicitudes de emisiones de cheques y hasta el retiro del dinero lo hicieron por órdenes directas de la ahora exdirectora de Relaciones Públicas e Internacionales, Loyda García, y del secretario general de la comuna, Fidel Moreno.
Cortez, incluso, señaló que “en varias ocasiones” retiró personalmente dinero del banco, que era emitido para el pago de actividades inexistentes y se lo entregó de manera directa a García, también exalcaldesa sandinista de Tola y ahora directora ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Ambos procesados, que fueron condenados a nueve años de prisión, sostuvieron que el dinero fue sustraído para la alimentación de los rezadores orteguistas de las rotondas en el 2009.
Sin embargo, las autoridades municipales han negado tal información y defienden que fue precisamente la Administración quien interpuso la denuncia por la sustracción del dinero.
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