La semana que concluye dejó un saldo político bastante agitado: el mandatario Daniel Ortega cambió tres municipios que pertenecían a la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), se conoció que el padrón electoral supera los cuatro millones de votantes y que los nicaragüenses heredarán una deuda de 37 millones de córdobas que utilizó a discreción el Consejo Supremo Electoral (CSE), cuyo presidente de facto, Roberto Rivas, reiteró que la inconstitucional candidatura presidencial está escrita en piedra; mientras en León un joven denunció una golpiza ordenada por Lenín Cerna.
Cerna es el secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
No todo estuvo a favor del presidente Ortega y el oficialismo. El lunes pasado una treintena de jóvenes (mujeres y hombres) se declaró en contra de la reelección continua frente a la sede del CSE en Metrocentro y por un período de tres horas tomaron el control de un puente peatonal en la zona, donde colgaron una manta en la que acusaron de corruptos al mandatario sandinista y a Arnoldo Alemán, candidato a la Presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“Que los ciudadanos no piensen que este es un problema de otro, porque este es un problema de todos nosotros. Tenemos que defender la legalidad, tenemos que ir a elecciones con candidatos que sean legales. Daniel Ortega viola el artículo 147 de la Constitución al lanzar su candidatura, no puede ser candidato a la Presidencia y si el Consejo Supremo Electoral está fallando un poquito en la lectura de las leyes, aquí estamos los ciudadanos para recordárselas”, dijo el pasado lunes Israel Lewites, quien comandó el operativo para protestar ante el CSE y tomarse el puente peatonal de Metrocentro.
El golpe ciudadano contra el gobierno de Ortega dio paso a una contraofensiva del oficialismo.
El propio mandatario Ortega y el magistrado de facto, Rivas, formaron una mancuerna de polémicos anuncios a lo largo de los días.
Primero, Rivas dijo que la inscripción del mandatario, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, está escrita en piedra, pese a que viola la Constitución.
“Ya está escrita (…) y no hay marcha atrás”, dijo el magistrado de facto, quien además reveló que no admitirán como observadores a organizaciones que capacitan a fiscales con financiamiento de otros países.
Después, Rivas también dijo que el padrón electoral de Nicaragua tiene 4.2 millones de votantes, pese a que hace apenas dos años superaba ligeramente los tres millones.
En tercer lugar, el CSE quedó marcado esta semana al confirmarse que los nicaragüenses tendrán que pagar una deuda contraída por ese Poder del Estado que suma 37 millones de córdobas.
Ortega, a través del acuerdo presidencial 88-2011, anunció a los nicaragüenses sobre la deuda, la cual no fue aprobada por la Asamblea Nacional, como ordenan las leyes.
En cuarto lugar, Ortega emitió el decreto presidencial 15-2011, con el cual arrebató a la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, para acomodarlos en Chontales.
La movida del mandatario viola la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas y la Ley de Municipios.
Políticos opositores consideraron que el FSLN busca réditos electorales al disminuir el voto en la RAAS, donde el oficialismo es débil y aumentarlo en Chontales, de donde es originario el presidente Ortega.
“Al cercenar estos municipios, quieren llevarse votantes y quieren llevarse las tierras; están jugando con la población de esos municipios, los viven utilizando cada vez con interés electoral. Hay una afectación económica para esas comunidades, ellos ya no se beneficiarán del 25 por ciento que otorga la Ley de Demarcación, ahora ese dinero irá al Gobierno central”, advirtió Dolene Miller, integrante de la junta directiva de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación y asesora del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, en la RAAS.
El quinto dardo del oficialismo en la semana que termina se dio en León: Eduardo Santos denunció que al protestar contra la reelección del presidente Ortega, el secretario de organización del FSLN, Lenín Cerna, habría ordenado que lo callaran a golpes.
El miércoles pasado el presidente Ortega dictó la lección inaugural en la Universidad Nacional Autónoma de León, donde los jóvenes rechazaron su inconstitucional candidatura reeleccionista.
“Denuncio esto porque allí había además oficiales de la Policía (Nacional) y no hicieron nada (por protegerlo). Ellos hicieron caso omiso (a la agresión), no me defendieron”, relató Santos, quien tiene 24 años.
El hecho, la denuncia y la falta de acción de los oficiales estalló de nuevo dentro de las filas de la Policía Nacional, señalada de caer, progresivamente, bajo el control del FSLN.
Durante la última semana, la institución del orden fue blanco de críticas por haber reprimido la protesta del 2 de abril contra la inconstitucional candidatura del presidente Ortega, mientras permitía que simpatizantes del FSLN se movilizaran en otro tramo de la capital.
Para el analista político Julio Icaza Gallard, la actuación de la Policía Nacional refleja que la institución “cedió” a los chantajes del mandatario.
Según Icaza Gallard, desde la llegada de Ortega al poder —amparado en las reformas en las que eliminó competencias de mando al ministro de Gobernación para arrogarse toda la autoridad sobre la Policía Nacional— ha mantenido bajo “presiones” a la institución del orden.
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