El jefe de la dirección de seguridad pública de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, autorizó ayer la “realización de la marcha cívica” convocada por organizaciones juveniles para protestar contra la reelección del presidente Daniel Ortega, porque viola el artículo 147 de la Constitución y para exigir la cédula gratuita para todos los nicaragüenses.
Representantes de las 14 organizaciones que promueven la movilización y han optado por identificarse únicamente bajo el lema “Por la defensa de la Constitución”, anunciaron que de manera paralela en todos los municipios donde existen delegaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) se realizarán plantones.
Una exigencia es poner fin al mecanismo sectario con que el CSE entrega la cédula de identidad a los ciudadanos, dando preferencia a los simpatizantes del gobernante Frente Sandinista (FSLN).
“Hemos declarado ese día como el ‘día de la ira nacional’, y vamos a manifestar nuestro desacuerdo con la reelección inconstitucional del presidente Daniel Ortega, porque viola el artículo 147 de la Constitución y a exigir cédula gratis para todos los nicaragüenses y no solo para los sandinistas, como ocurre en la actualidad”, indicó Erling Galeano, de la Juventud Resistencia Nicaragüense (JRN).
Explicó que la movilización partirá de la Rotonda Jean Paul Genie hacia el sur, para concluir un kilómetro hacia el sur, en el sitio donde Genie fue asesinado. Los organizadores planean movilizar a unas dos mil personas que, según el documento entregado por la Policía, deberán marchar sobre la banda derecha de la Carretera a Masaya, a partir de las 10:00 a.m.
La aprobación emitida por la Policía no lo menciona, pero los organizadores de la marcha cívica aseguran que funcionarios de la institución les confirmaron que la de ellos es la única solicitud que han recibido para realizar actividades públicas en esa fecha.
Hace dos días, al convocar a esta marcha, los organizadores retaron a la Policía a garantizar que no autorizarán a simpatizantes del partido FSLN que hagan una contramarcha, como ocurrió hace una semana, cuando la Policía terminó reprimiendo a quienes protestaban contra la reelección del presidente Ortega, supuestamente para evitar que se enfrentaran con los orteguistas.
Ahora quienes se proponen marchar otra vez en rechazo a la candidatura inconstitucional del presidente Ortega, esperan que la Policía cumpla lo establecido en el permiso que les entregó, en vez de reprimirlos.
El documento señala que corresponde a la Policía Nacional “proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos”.
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