Una nueva amenaza en contra de los organismos de observación electoral nacionales lanzó ayer el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, quien anunció que si estas organizaciones utilizan fondos públicos de gobiernos extranjeros para capacitar, lo que él definió como “fiscales políticos”, entonces se les prohibirá que participen en los próximos comicios, ya sea en su rol de observadores o “acompañamiento”.
Entrevistado en el programa matutino de Canal 8 de Televisión, propiedad del presidente Daniel Ortega, el magistrado de facto aprovechó que estaba en un medio de comunicación “amigo” y pudo expresar sus opiniones, sin preocuparse por ser cuestionado por el periodista acerca de temas espinosos como la poca transparencia con que gastó los 37 millones de córdobas que prestó al Bancentro, infringiendo la Ley de Deuda Pública y que ahora se pagarán con los impuestos de todos los nicaragüenses. O, el cercenamiento con fines electorales que hizo el presidente Ortega de tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) para trasladarlos a Chontales.
RETORCIDA INTERPRETACIÓN DEL FUNCIONARIO ILEGAL
Rivas Reyes defendió nuevamente el eufemismo de “acompañamiento” para referirse a cómo debe darse el proceso de observación electoral desde su perspectiva y luego lanzó su curiosa advertencia.
“Lo que pasa es que aquí hay una confusión con la cantidad de dinero que se le da a esos organismos de parte de algún país del continente. Lo que ocurre es que lejos de capacitarte personas que van a acompañar el proceso electoral, se dedican a capacitar fiscales de partidos políticos”, dijo inicialmente.
Agregó que “lo que va a decir el reglamento es lo mismo que dicen los reglamentos de las Naciones Unidas o de la OEA (Organización de Estados Americanos). Que cada organización que solicite estar acompañando (el proceso electoral) tendrá que decir qué cantidad va a manejar, de dónde provienen los fondos y cómo los va a utilizar. ¿Por qué? Porque esto es sumamente peligroso. La ley establece que no se pueden utilizar fondos públicos para financiar a partidos políticos. Entonces si vos vas a capacitar fiscales de partidos políticos con fondos provenientes de un gobierno extranjero o del sector privado, pues estarías violando la ley, como ya ha pasado otras veces en Nicaragua”.
EN AGOSTO PUBLICARÁ REGLAMENTO
Confirmó que para el 16 de agosto próximo, de acuerdo al calendario electoral, el CSE estaría publicando el reglamento que regirá a los organismos que participarán en los comicios nacionales como parte del “acompañamiento” .
“El calendario electoral establece como esa fecha para la publicación y aprobación de reglamentos, acompañamiento nacional o internacional al proceso electoral, denuncias, quejas, rendición de cuentas. Para el 16 de agosto, ya debemos de tener publicados todos estos reglamentos. Ahora el tema de si es observación o acompañamiento es un tema más de semántica que de otra cosa. Yo creo que es más fuerte el término de acompañamiento, porque puedo ir de tu mano a acompañarte a hacer una actividad o estar de largo observando”, intentó justificar el magistrado de facto.
En la entrevista, el magistrado de facto al mencionar a los organismos que capacitan fiscales de partidos políticos señaló al Instituto Republicano Internacional (IRI), el cual, incluso enfrentó una acusación de parte de autoridades electorales, que al final no prosperó. A juicio de Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el IRI no tiene función de observador.
Zúñiga indicó que asimismo el único que capacita a los fiscales electorales es el mismo Poder Electoral o sus respectivos partidos políticos.
“Ningún organismo de observación electoral ha capacitado fiscales, eso no se ha podido demostrar hasta la fecha, al menos al Ipade no le han podido demostrar nunca, nosotros hemos sido serios, profesionales, técnicos en nuestro trabajo, hemos apoyado y realizado nuestra labor”, observó Zúñiga.
El representante del Ipade recordó que aunque se dice que los organismos que trabajan en el fomento de la democracia tanto nacionales como internacionales, deben de abstenerse de capacitar a fiscales, en la práctica terminan haciéndolo, como es el caso de USAID en los que incluyen a miembros del partido de gobierno y nunca se ha calificado de delito.
“La cooperación internacional no es ningún delito también, porque los partidos políticos buscan fondos afuera para poder capacitar a su gente y hacer propaganda, entonces yo creo que hay que hacer más bien una normativa sobre el uso del dinero en la política y un control sobre los recursos de campaña”, aseveró Zúñiga.
PRETEXTOS DEL MAGISTRADO DE FACTO
El directivo del Ipade estima que lo expuesto por el magistrado de facto obedece a una especie de advertencia y que sus planteamientos no son nuevos, debido a que en la solicitud de acreditación que se hace en todo proceso de elecciones se manda el plan de observación y la fuente de financiamiento.
Insistió en que lo planteado por Rivas puede ser un pretexto para intentar bloquear nuevamente la acreditación de los observadores nacionales, como se ha hecho durante los dos últimos procesos electorales.
Zúñiga recordó que la obtención de recursos es un derecho consignado en la Constitución y en las leyes de la República, donde la libre asociación les permite buscar fondos para desarrollar la labor que realizan.
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