Las anomalías en el manejo de placas y permisos de operación en el sector taxi siguen saliendo a flote.
Ayer el taxista Róger Hernández denunció haber entregado 800 dólares por una placa de taxi, sin que hasta ahora nadie le haya entregado el bien comprado y menos que le hayan regresado el dinero.
La denuncia de Hernández ya se hizo pública ante la delegación policial del Distrito V. Pero ahí tampoco ha recibido ninguna respuesta y el acusado de haberlo estafado, Gilberto Alvarado, ni siquiera ha sido citado.
LA PRENSA trató de comunicarse con Alvarado, pero no respondió su celular.
En los últimos meses, las denuncias por casos de estafa en los que se cobra entre 800 y hasta 2,000 dólares por la compra de placas que no son entregadas, se han incrementado. Hasta ahora, los principales señalados de cometer estos delitos han sido miembros del Comité Técnico del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma).
A finales del año pasado el presidente de la Cooperativa Cecootrain y también miembro del Comité Técnico del Irtramma, Gerardo Ferrey, fue detenido por presuntos cobros ilegales con los permisos de operación y la venta de placas de taxi. Hasta hace poco Ferrey fue exonerado y puesto en libertad.
Luego el transportista Julio Avendaño también fue acusado por casos de estafa. En la actualidad Avendaño está siendo acusado por el presidente del Movimiento Unido de Transportistas Nicaragüenses, Gerardo Matus, de falsificar documentación para supuestamente involucrarlo en otros casos de estafa a los socios de la cooperativa La Primera Dama R.L.
INSISTE EN DENUNCIA
El caso más reciente ha sido el de Carlos Alarcón, presidente de la Cooperativa Eclipse 98 y también exmiembro de la Comisión Técnica del Irtramma.
Alarcón sostiene que su firma fue falsificada y defiende que orientó el cobro de hasta 300 dólares para “apartar” los taxis Lada Kalina, que llegaron de Rusia, por mandato del presidente del Movimiento Nacional de Taxistas, Allan Vargas.
La denuncia de Alarcón y de Matus ya está siendo investigada en la Fiscalía General de la República.
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