El nombre de Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, debió ser incluido en la acusación remitida por la Fiscalía a los juzgados junto con otros funcionarios de la comuna capitalina que aparecen vinculados en las investigaciones en el caso de los 31 cheques emitidos para sacar 3.5 millones de córdobas destinados a “rezadores” orteguistas en el 2009, aseguró el exprocurador Alberto Novoa.
Según el exprocurador Novoa, “ninguna persona ni funcionario puede alegar desconocimiento de lo que firma cuando es su autorización, lógicamente que la responsabilidad iba a ser dilucidada en un juicio, y ese juicio debió ser llevado adelante, ya sea como autor, cómplice o coautor”.
Una de las firmas analizadas por el Laboratorio de Criminalística (LCC) de la Policía Nacional fue la de Moreno.
El LCC concluyó: “Que las firmas objeto de investigación, clasificadas como Grupo B, coinciden con las firmas modelos experimentales a nombre de Fidel Antonio Moreno Briones, puestas en seis hojas de papel bond”.
Se desconoce los motivos por los cuales la Fiscalía no lo incluyó en su acusación.
Novoa indicó que Moreno y otros funcionarios únicamente pudieron ser excluidos bajo el principio de oportunidad llamado “la prescindencia de la acción”, es decir cuando el Ministerio Público prescinde de acusar a alguien y utilizarlo como un testigo calificado. Pero esto solo puede ser utilizado en los delitos de alta peligrosidad como tráfico de droga, tráfico de personas y tráfico de armas, entre otros, no así en los delitos considerados comunes como malversación, fraude y peculado.
“A mi manera de ver, ahí, todas las personas que firmaron, no solamente el librador, porque la firma registrada es la del librador, en este caso el librador es la Alcaldía de Managua bajo la firma registrada del señor Fidel Moreno, debieron ser investigados tanto por la Fiscalía como por la Policía misma; la Fiscalía tenía el deber de ponerlo a la orden judicial, porque hay una corresponsabilidad, y, cuidado una responsabilidad directa”, advirtió Novoa. Tras referir que un funcionario puede argumentar desconocimiento en el caso de una omisión, “pero ya 30 cheques, 35 no sé cuántos cheques, es difícil”.
Aunque Novoa aclaró que desconoce todo lo relacionado a ese juicio, él considera que la Contraloría General de la República (CGR) tras el juicio donde fueron sentenciados a nueve años de cárcel Germán Palacios y Mario Cortez debería investigar y buscar el trasfondo de todo esto.
Para los sentenciados ya no hay acción, señaló Novoa, “pero para las otras personas que salen involucradas, la Contraloría por el principio de transparencia debería iniciar una investigación de carácter oficiosa”, tras insistir que además del faltante demostrado en el proceso, podría haber “otras personas y otros faltantes relacionados con este caso”.
“En mi concepto las personas que libraron el cheque no están exentas de ninguna investigación, aunque toda la responsabilidad haya caído en dos personas (…) yo creo que sí, debe haber una investigación por la transparencia y por las cantidades también, recordemos que es el pago de nuestros impuestos”, agregó Novoa.
ASUMIÓ RESPONSABILIDAD
Por su parte Luis Corea, miembro del Colegio de Contadores Públicos, expresó que independiente de que al librador del cheque lo hayan sorprendido, en este caso Moreno, “él tiene una responsabilidad”, pues “con el hecho de firmar asume una responsabilidad”.
Aunque Corea aclaró que muchas veces depende del procedimiento que una institución implementa para la firma libradora, y en este caso dijo desconocerlos, indicó que lo mínimo que tiene que hacer el librador del cheque “es ver el concepto de para qué se está sacando el cheque (…) si es razonable o no es razonable, no sé qué concepto le ponían a esos cheques, no tengo ni idea”.
El concejal liberal Leonel Teller introdujo ayer ante la Fiscalía una denuncia en contra de cinco funcionarios de la comuna capitalina por supuestos delitos de peculado y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública de la Alcaldía de Managua.
Uno de ellos es Moreno, los restantes son: la alcaldesa designada por el Consejo Supremo Electoral, Daysi Torres; la ahora directora del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) Loyda García, Rolando Reyes, administrador, y el asesor de Moreno, Jairo Palacios.
Teller aseguró que las pruebas testificales remitidas a los tribunales en contra de los sentenciados vinculan a otros funcionarios de la Alcaldía de Managua encargados de aplicar los controles administrativos y financieros, por tanto la Fiscalía debe investigar.
En la relación de hechos de la denuncia señala que en todo el año 2009, Torres, Moreno, García y Reyes ordenaron a Cortez (contador B) y a Palacios, administrador de fondos de la cooperación externa de la comuna capitalina, que emitiera 31 cheques de fondos del presupuesto de contrapartida para el proyecto de mejoramiento de desechos sólidos Bosmanagua, financiado por la cooperación italiana.
El propósito, dice la denuncia, “financiar el plan político denominado Plan Rotonda, en cuyo momento consistía financiar a los rezadores que se encontraban en las diferentes rotondas de la capital”.
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