En un debate promovido por el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), sobre las dos iniciativas de ley sobre la violencia contra las mujeres, las representantes de diferentes organizaciones defensoras del gremio expresaron que reclamarán el derecho a ser consultadas en la Asamblea Nacional.
Al tiempo que advirtieron del peligro que existe de que la ley se instrumentalice con fines políticos y al final se apruebe el artículo llamado “del bozal”, propuesto en el proyecto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo el título de violencia mediática, a través del cual intentan penalizar a periodistas y medios de comunicación.
- Un grupo de ex miembros de lo que fue el Ejército Sandinista que conforman el llamado frente noroccidental Rigoberto López Pérez, que aglutina a representantes de León, Chinandega y Matagalpa, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos la falta de atención de parte del gobierno de Daniel Ortega.
Ellos denunciaron que eI Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua debería atenderlos porque ellos aportaron al fondo para su creación.
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“Nadie niega de que sí es necesario haya una regulación, un respeto a la integridad social de las mujeres a través de los medios de comunicación”, dijo Azahálea Solís, dirigente del MAM, que realizó el análisis sobre los dos anteproyectos introducidos ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, planteó que no es conveniente la penalización sino más bien es importante la educación.
Solís expuso que es importante que la Corte Suprema de Justicia asuma que los tratados internacionales de derechos humanos son instrumentos para interpretar la ley.
Mientras la iniciativa presentada por el Movimiento María Elena Cuadra rescata el principio de participación y el papel de la educación.
Según Juanita Jiménez, también dirigente del MAM, el foro fue promovido para determinar “cómo vamos a poder conciliar la necesidad real de una ley sin que haya instrumentalización, ni intereses ocultos de las fuerzas partidarias”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, indicó que propondrá en el seno del organismo que dirige que junto al MAM presenten todos los aportes a las dos iniciativas de ley. “Tengo temor de que la ley pueda ser instrumentalizada políticamente en esta época de elecciones”, dijo Núñez.
Martha Munguía, representante de la alianza de centros de albergues que atienden a mujeres maltratadas, mostró su esperanza que una ley “rompa con la situación de impunidad alarmante del asesinato a mujeres que se queda sin ninguna sanción”.
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