Los despidos en la Alcaldía de Managua (Alma) continúan a granel. En esta semana, y en contra de una resolución del Ministerio del Trabajo (Mitrab), la administración orteguista de la municipalidad despidió al sindicalista Álvaro Tercero Romero.
El 11 de febrero pasado, el Mitrab emitió una resolución en la que declaró “nula y sin efecto” la medida administrativa en contra de Tercero Romero, ex director de Servicios Municipales del Distrito Tres.
El Mitrab ordena a la Alcaldía mantener al trabajador en su mismo puesto de trabajo, en idénticas condiciones y salario.
Tres días después de la decisión del Mitrab, el 14 de febrero, la administración municipal emitió una notificación en donde “cancela” el contrato de trabajo de Tercero Romero a partir del 28 de febrero pasado.
“Yo tengo fuero sindical. Nunca se citó a la comisión bipartita y no se siguió el proceso debido para mi despido, que es un despido ilegal”, dijo el perjudicado.
El caso de este ex funcionario no es el único en Alma, donde los sindicatos dicen que se ha despedido a una docena de trabajadores.
SINDICATOS SE QUEJAN
En un comunicado emitido en conjunto por cinco sindicatos de Alma, los trabajadores denuncian que la administración “ha efectuado algunos despidos de forma arbitraria, ilegal e ilícita, violando lo establecido en las Cláusulas IX y XIII del Convenio Colectivo”.
Según los sindicatos, a los trabajadores afectados les han entregado cartas de despido sin llamar a la comisión bipartita y sin ofrecer la causa que justifique la decisión administrativa.
Pablo Aguilar, secretario general del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Alcaldía de Managua (Siprotec), denunció que la administración también “premia o castiga” a los trabajadores con un incremento o nivelación salarial sin tomar en cuenta criterios profesionales.
En la Alcaldía de Managua no se ha instalado ninguna comisión laboral para analizar el tema de la nivelación salarial desde 2008, y más bien se ha acusado a la administración de “pactar” con los sindicatos oficialistas con el fin de impedirla.
LA PRENSA solicitó información a la comuna capitalina, pero la solicitud no fue atendida.
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