Roberto Courtney, director del organismo Ética y Transparencia (EyT), considera que la única razón lógica, que justifica la intención del gobierno de Daniel Ortega y del Consejo Supremo Electoral (CSE) de impedir la observación electoral, es que estén preparando las condiciones para perpetrar otro fraude electoral.
El fin de semana Lenín Cerna Juárez, ex director de la desaparecida Seguridad del Estado y actual secretario de organización del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), reiteró el interés de su partido de evitar a toda costa la presencia de observadores, y sugirió elegir entre éstos y los fiscales de los partidos porque ambos no tienen cabida.
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Informaron que la misión es importante por los antecedentes de fraude del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la ilegalidad de la candidatura del presidente Daniel Ortega, lo que será explicado a los diplomáticos.
También expondrán la ilegalidad del Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido actualmente por magistrados de facto, con períodos vencidos hace meses.
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Para Courtney, si el CSE “le cumple el deseo” al FSLN, único partido que se opone a la observación, es porque no contempla darle el triunfo al partido que obtenga más votos sino al que tenga más adeptos para anular votos ajenos y cuidar los propios.
“Los únicos países que reniegan de la observación internacional y nacional, con el cuento de la soberanía, porque en este caso es cuento, son aquéllos que hacen fraude. Ése es el común denominador”, indicó Courtney.
Explicó que la Ley Electoral contempla a fiscales y observadores porque ambos juegan roles importantes en el proceso. Los primeros, al defender intereses partidarios. Los otros, al garantizar la integridad del proceso sin importar quien gane, sino que se respete la voluntad popular.
Courtney dijo a LA PRENSA que él no puede adivinar cuál será el efecto de la presión nacional e internacional, para que haya observación electoral, pero advirtió que el panorama hace suponer que el Estado nicaragüense está dispuesto a “correr el riesgo y a asumir las consecuencias” que conllevará impedir la observación internacional, ya que la nacional, por no depender de un aval, se hará efectiva a través de unos cincuenta mil voluntarios de EyT.
El dirigente de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), Julio Icaza Gallard, anunció que durante las próximas dos semanas continuará la recolección de firmas en apoyo al proyecto de ley para garantizar la observación que serán presentadas a los diputados. Si en esa fecha aún no se ha logrado que los directivos del parlamento se reúnan y le den trámite, la UCD tendrá que replantearse la situación y pensar en otras medidas de presión, incluso la movilización en las calles y la visita a embajadas influyentes, para presentarles el proyecto y que se divulgue en el exterior la necesidad de la observación electoral.
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