TEGUCIGALPA/ ACAN-EFE
Una Corte de Apelaciones de Honduras ratificó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe decidir sobre los procesos por corrupción contra el ex presidente Manuel Zelaya, tal como resolvió un juez de primera instancia, informó ayer un defensor del ex mandatario, Anaim Orellana.
Orellana dijo a la radio HRN de Tegucigalpa que la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, al que pertenece la capital hondureña, tomó su resolución ayer y ratificó el fallo del juez Claudio Aguilar, de un tribunal de lo penal.
El pasado 7 de enero Aguilar resolvió inhibirse de conocer los casos de Zelaya y elevarlos a la CSJ, en vista de que el ex gobernante goza de la investidura de diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en su condición de ex presidente de Honduras.
Aguilar pasó los expedientes a la Corte de Apelaciones para que ventilara un recurso de apelación que la Procuraduría General de la República presentó el 17 de enero contra su inhibición, por considerar que ésta fue tardía.
La PGR considera que, si Aguilar se consideraba incompetente para conocer los procesos contra Zelaya, se hubiera inhibido desde un principio y, por tanto, no tenía que haber nombrado los defensores del ex presidente, lo que hizo a solicitud de esa institución en diciembre pasado.
Orellana apuntó que ahora, tal y como resolvió Aguilar, la Corte Suprema debe nombrar a un juez natural para que decida sobre los casos contra el ex mandatario.
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público incorporó en 2009 los procesos contra Zelaya, derrocado ese año por un golpe de Estado y quien se incorporó al Parlacen el 17 de septiembre pasado.
A raíz de los dos procesos, Zelaya tiene pendientes sendas órdenes de captura por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado, con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
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