CORRRESPONSAL/ MATAGALPA
A la delegación departamental del Ministerio Público en Matagalpa acudieron 13 ex empleados de la Alcaldía de Darío, a denunciar al alcalde sandinista de ese municipio, Ángel Rafael Cardoza Orozco, por la presunta comisión de diversos delitos que los denunciantes traducen a “excesivo abuso de autoridad”.
En la denuncia, interpuesta este jueves, los ex trabajadores señalan al alcalde Cardoza por ilícitos contra derechos laborales, así como contra derechos y garantías constitucionales y bajo la modalidad de represalia, discriminación y desobediencia de autoridad.
Además del alcalde, los ex empleados denuncian a la gerente administrativa, Ruthvelia Matamoros Gutiérrez, y al asesor jurídico de la Alcaldía de Darío, Marco Antonio Tórrez Vega.
Elizabeth de los Ángeles Hurtado Castaño, una de las denunciantes, dijo que trabajó durante 19 años en el área de catastro de la municipalidad, pero fue despedida el 23 de febrero del 2009 por un “proceso de reorganización administrativa”.
DESPILFARRO
“Hace dos años que nos corrieron a todos y, aunque tenemos una sentencia a nuestro favor, no nos han pagado nada. Él (Cardoza) lo que dice es que no hay reales, pero eso es muy mentira, dinero hay porque se mira el despilfarro”, dijo Hurtado ayer en Matagalpa.
Durante el lanzamiento de las fiestas por el natalicio de Rubén Darío, en enero recién pasado, Cardoza declaró a LA PRENSA que la sentencia mencionada por Hurtado sólo manda el reintegro de cinco de los ex empleados.
Acompañados por Álvaro Leiva Sánchez, secretario de asuntos laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), los ex empleados se entrevistaron con el fiscal departamental Richard Lara, quien refirió que la Fiscalía analizará la denuncia “para continuar con el proceso de investigación”.
En el escrito de denuncia, los ex empleados afirman que el supuesto abuso de autoridad de Cardoza está “reflejado en represalias, discriminación, despidos ilegales, suspensiones de trabajadores de forma ilegal, contrataciones ilegales con megasalarios, creación de plazas nuevas ilegales ( )”..
“Calculamos que la cuantía anda alrededor de los dos millones de córdobas que debe a estos servidores públicos que fueron beneficiados por una sentencia judicial”, dijo Leiva.
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