COSTA RICA/NICARAGUA
El experto en derecho internacional y académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin, ve “errores” en la demanda costarricense ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, y advierte que su país “la tiene difícil” en su litigio contra Nicaragua, principalmente en la solicitud de las medidas cautelares que procuran frenar la limpieza del río San Juan.
En noviembre del año pasado Costa Rica elevó una demanda contra Nicaragua ante la CIJ tras el conflicto originado por la limpieza del río nicaragüense, alegando violación de soberanía y daños al medio ambiente y solicitando a la vez con carácter de urgencia medidas cautelares.
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Antes, durante y después de las audiencias preliminares en la Corte, Costa Rica da por un hecho que los jueces dictarán las medidas cautelares, pero Boeglin recordó a medios locales que la CIJ sólo en casos excepcionales emite dictámenes provisionales y más bien busca un equilibrio entre las partes.
“Las medidas provisionales o cautelares (solicitadas por Costa Rica) son acciones que la Corte impulsa sólo en casos excepcionales cuando está plenamente convencida de que existe un daño grave e irreparable que pueda afectar los derechos de las partes mientras se está discutiendo el fondo del asunto”, dijo el catedrático.
Hace un par de semanas, Boeglin reconoció que el cuestionado informe de la convención de humedales Ramsar tiene incongruencias que serán bien aprovechadas por el equipo jurídico nicaragüense.
“Efectivamente si leemos el informe Ramsar, hay alguna que otra incongruencia que se deja ver y pues están los asesores de Nicaragua haciendo lo que hace todo asesor y es intentar desvirtuar y desacreditar los elementos presentados por Costa Rica”, declaró en ese momento, pero no detalló las incongruencias.
Parte de los errores costarricenses en el conflicto limítrofe, según Boeglin, fue el aval que primero dio el canciller René Castro al dragado del río y luego apareció rechazándolo.
“Nicaragua se está valiendo de algunas declaraciones que en su momento ofreció el Canciller incluso ante la Asamblea Legislativa, en las que dijo que había seguridades y documentación técnica que descartaban daño al medio ambiente”, explicó.
“Considero que fue una apreciación muy grave. Vea como ese error del mismo Canciller es utilizado (por Nicaragua) para intentar confundir a los jueces en La Haya o por lo menos hacer ver que no hay urgencia ni un gran impacto”, añadió.
El catedrático considera que convencer a los 16 jueces de la Corte no es tan fácil en el caso de Costa Rica y alabó al equipo jurídico nicaragüense al que calificó como “muy fuerte”.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
