El despido ilegal de más de 700 empleados de la Dirección General de Ingresos (DGI) no es el único delito de Walter Porras, el director de esa institución.
Porras, además de violar la Constitución y otras leyes del país, presuntamente ha incurrido en otros delitos, según denuncia la Secretaría de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), organización que ayer introdujo una demanda contra el funcionario ante la Contraloría General de la República (CGR).
En la denuncia, cuya copia también fue introducida ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR), esa federación sindical pide a la CGR que revise la gestión de Porras, en el período que va del 11 de enero del 2007 hasta la fecha. Asimismo, que audite los cargos de los empleados despedidos por éste en la DGI de forma ilegal.
En una carta dirigida al Fiscal General de la República, Julio Centeno, el responsable de esa secretaría, Álvaro Leiva Sánchez, señala que el despido de 774 empleados públicos de la DGI se hizo sin el debido procedimiento administrativo que establece la Ley 476, Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Según la denuncia, Porras reprimió y discriminó por ideología política a los trabajadores, violando el fuero y la libertad sindicales.
Los despidos han generado al Estado de Nicaragua una deuda pública de 25 millones 408 mil córdobas en concepto de sentencias judiciales y pagos de prestaciones sociales a favor de los despedidos, expuso la denuncia.
Leiva Sánchez señaló que del total de despedidos, unos 300 tienen sentencias a su favor, pero el director de la DGI no las acata.
La Fedetrasep refirió una publicación de LA PRENSA del pasado 17 de enero, en la cual se dice que la deuda pública generada por Porras al Estado es de 107 millones 612 mil 321 córdobas.
Los actos administrativos efectuados por Porras han violado las Leyes de Probidad, Ley Orgánica de la CGR, Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, y ha incurrido en abuso de autoridad, peculado, malversación de caudales públicos.
Leiva señaló que el mandatario Daniel Ortega debe destituir a Porras de la DGI.
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