El calendario electoral que regirá los comicios presidenciales de 2011, aprobado por magistrados de facto en noviembre pasado, dejó a los partidos políticos sometidos a una especie de rompecabezas; y hasta un millón de ciudadanos podrían quedar sin cédula de identidad, advierten los expertos Dionisio Palacios y Alejandro Samaniego, quienes pertenecieron al Consejo Supremo Electoral (CSE).
Hasta hoy, el rechazo a la observación electoral ha sido lo más criticado en el calendario, pero Palacios y Samaniego comentan que el documento redujo por completo el período de cedulación, no estableció fechas precisas para introducir impugnaciones ni inscribir a los fiscales, además de que no menciona en ninguno de sus 50 puntos las pruebas de transmisión de datos en el Centro Nacional de Cómputos.
Tanto el presidente de la república, Daniel Ortega, como el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas, dieron el primer campanazo al rechazar la presencia de observadores, dejando las puertas abiertas sólo a los “acompañantes”.
Palacios, ex Director de Cedulación del CSE, y Samaniego, ex Director General de Capacitación y Cómputo, afirmaron que la imposición de los “acompañantes” viola la Ley Electoral, algo que ya han denunciado los observadores locales.
Sin embargo, el tema de los “acompañantes” electorales es apenas la punta de un peligroso “iceberg”.
SIN CEDULACIÓN DESDE HACE RATO
En el calendario de las elecciones generales del año 2006, la formación de las estructuras de los Consejos Electorales Municipales (CEM) iniciaba en el punto 6 y la cedulación era el punto 12. Pero en los comicios regionales de 2011 ambos aspectos pasaron a ser los puntos 22 y 32, respectivamente, perdiendo relevancia para las autoridades de facto.
Palacios indicó que, este año, entre la toma de posesión de los CEM (20 de junio) y el último día para solicitar cédula de identidad (8 de agosto) apenas hay 49 días, un período muy corto para cedular a las personas en los 153 municipios del país.
Tanto Palacios como Samaniego señalan que el CSE no habilitó los centros de cedulación en los 153 municipios del país, impidiendo un proceso permanente.
El informe de observación electoral que emitió en 2006 el Centro Carter, reconocido internacionalmente, detalla la labor que realizaron.
El trabajo de los siete observadores (de largo plazo, OLP) abarcó las siguientes actividades: Sostener reuniones y establecer relaciones con las autoridades electorales (Consejos Electorales Departamentales, CED, y Consejos Electorales Municipales, CEM), los partidos políticos, la Policía, el Ejército y otros grupos de observadores nacionales e internacionales con el objeto de documentar sus puntos de vista sobre el proceso electoral. Asistir a mítines políticos para conocer las plataformas de los partidos, observar cómo se invertía en la campaña y determinar cuál era el clima prevaleciente.
Dar seguimiento a los preparativos preelectorales, como capacitar al personal de las juntas receptoras de votos y someter a prueba los sistemas de transmisión de resultados.
Observar las elecciones, la transmisión de los resultados y la resolución de las impugnaciones, junto con los observadores de corto plazo (OCP). Elaborar informes semanales para el jefe de misión del Centro en Managua, los que servían de sustento para los comunicados del Centro Carter al Consejo Supremo Electoral y sus declaraciones a los medios de comunicación nacionales.
Gran parte del trabajo de los OLP consistió en observar y documentar las consecuencias electorales del pacto político acordado entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en el 2000, que condujo a amplias reformas constitucionales y electorales que para el FSLN y el PLC supusieron el dominio del sistema electoral.
El éxito del FSLN en las elecciones municipales de 2004 llevó también a este partido a ejercer mayor influencia sobre las autoridades municipales. Con el tiempo, los OLP se convirtieron en interlocutores de confianza, a quien los partidos que no pertenecían al pacto podían manifestar cualquier percepción de discriminación.
[/doap_box]
“Hay mucha gente, entre 800 mil y un millón de personas que están en edad para votar y no tendrán documentos para votar, porque los jóvenes que cumplían cada año los 16 años eran 200 mil por año, y si se cerraron estas oficinas municipales de cedulación, ¿cuánta gente cree que se quedó sin cedular? Y las personas de las zonas rurales tendrán más problemas porque prácticamente tendrán dos meses para cedularse y con personeros que serán más activistas de partidos, que están más preocupados por las elecciones y no por la cedulación”, dice Palacios.
Samaniego agrega que el Consejo Nacional de Cedulación, que debería de tener a un representante de cada uno de los cuatro partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de 2006, no ha funcionado y por lo tanto se desconoce públicamente cómo ha sido el sistema de distribución de cédulas.
El ex Director General de Capacitación y Cómputo del CSE recuerda que han habido denuncias públicas de que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha distribuido cédulas entre sus simpatizantes, incluyendo a menores de edad.
“¿No es eso parte de un fraude? Porque todos ellos (FSLN) están cedulados, los empleados públicos están cedulados. ¿Y los demócratas qué? El último día para solicitar cédula es el 8 de agosto. Sumame cuántos días tenés. Si el último día de cedulación es el 8 de agosto y los CEM toman posesión el 20 de junio, posiblemente ni chance te están dejando de cedular”, manifiesta Samaniego.
En el año 2006, un informe del Centro Carter propuso a las autoridades ampliar el período de cedulación.
En aquel año los miembros de los CEM tomaron posesión el 30 de mayo y el último día para solicitar cédulas fue el 6 de agosto, es decir que hubo 68 días para cedular en los 153 municipios, sobrepasando los 49 días que están contemplados para este año.
CERO FISCALES, CERO IMPUGNACIONES
Por otro lado, el calendario electoral no incluye una fecha precisa para inscribir a los fiscales de los partidos políticos y tampoco para introducir las impugnaciones en contra de los candidatos.
Samaniego y Palacios admiten que la Ley Electoral establece que los fiscales podrán ser inscritos desde la convocatoria de los comicios y hasta 48 horas antes de las elecciones, pero reclamaron porque el CSE no detalló en el calendario la inclusión de los fiscales y tampoco se refirió a la emisión de un reglamento, dejando a ciegas a los partidos políticos.
“El calendario electoral no toca para nada el tema de los fiscales, entonces corren el riesgo de que se abra la verificación sin que haya fiscales. No hay nada, nada, nada de fiscales”, dice Palacios.
Asimismo, en el punto 10 del calendario, el CSE indica que resolverá el 4 de abril las impugnaciones en contra de los candidatos a presidente y vicepresidente, quienes deberán inscribirse a más tardar el 9 de marzo.
Pese a que el calendario no establece una fecha para introducir impugnaciones, Palacios considera que ese aspecto se convertirá en una especie de “cáscara de banano” y marcará el futuro de las elecciones por dos grandes motivos.
Primero, porque se demostrará cuáles son los partidos políticos que tendrán el valor de impugnar la muy segura candidatura del presidente Daniel Ortega, quien se burla de la doble prohibición constitucional que pesa sobre sus hombros.
Y, segundo, porque los magistrados del CSE, sean de facto o legítimos, demostrarán si están apegados a la Constitución o si obedecen una ilegal decisión firmada por seis magistrados judiciales del FSLN, quienes declararon inaplicable dos literales del artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial sucesiva. Esta decisión fue ratificada por una supuesta “corte plena” del Poder Judicial y publicada en La Gaceta, diario oficial, el martes 18 de enero pasado.
“Es una oportunidad de oro para aquellos partidos que se llaman de oposición para que puedan impugnar a los candidatos que consideren que no llenan los requisitos. Y otra cosa es qué actitud tendrá un Consejo Supremo Electoral que no cumple con la ley, que es ilegal totalmente como muchas cosas en este país, para resolver esas posibles impugnaciones que podrían introducirse. Se dice que por la víspera se saca el día”, anticipa Palacios.
VERIFICACIÓN, PADRÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS
Palacios y Samaniego critican que la verificación se realice en un fin de semana (23 y 24 de julio) y no en dos, como ocurrió en 2006.
Además, Samaniego denunció que el CSE siempre entrega a los partidos políticos un padrón electoral obsoleto, pero aclaró que al FSLN sí le entregan el vigente.
Samaniego dice que el padrón electoral provoca confusión entre los partidos políticos y los votantes, porque existe uno preliminar, otro provisional, uno de pared y otro de mesa.
De acuerdo con el punto 42 del calendario electoral, los padrones deberán estar colocados en los centros de votación a más tardar el 6 de octubre, pero Samaniego adelanta que ese aspecto no se cumplirá, algo que ya ha ocurrido en el pasado.
En tanto, Palacios critica el calendario electoral por no incluir la prueba de transmisión de datos en el Centro Nacional de Cómputos. Esa actividad tampoco se incluye en el calendario de las elecciones de 2006.
El calendario electoral de 2011 no establece períodos para la sumatoria, revisión aritmética y revisión de errores en las Juntas Receptoras de Votos, actividades esenciales en cualquier proceso de votación, dicen los expertos.
“Acordate que el objetivo de los partidos políticos es alcanzar el poder, pero así como estamos no podemos alcanzar el poder”, concluye Samaniego.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A ,1 A
